El alcalde de Barbosa, Santander, Marco Alirio Cortés Torres, actualmente se encuentra enfrentando una problemática relacionada con una demanda por presunta negligencia, llegando incluso a ser sancionado en primera instancia por parte del Juzgado Segundo Administrativo de San Gil (después ratificó el Tribunal Administrativo de Santander).
El mandatario barboseño se había referido a este tema, pero ya salió a hablar de lo sucedido, dejando clara su postura.
El alcalde Cortés, en su condición de abogado, argumentó las causas por las cuales considera que se estaría incurriendo en una injusticia en su contra, señalando incluso posibles responsabilidades que no estarían siendo señaladas en el caso.
“Como abogado sé que tengo que acatar las órdenes judiciales, porque soy respetuoso del derecho, pero eso es lo que no ha habido aquí, derecho. Nosotros hemos informado como corresponde, que no es que las órdenes en el sector público se den así tan rápido… tengo que cumplir el protocolo público de la planeación estratégica, de la disponibilidad de recursos, porque a veces usted tiene para una cosa pero no tiene para otra”, expresó el alcalde inicialmente.
Posteriormente, y ya con un tono de voz elevado, el mandatario de los barboseños dejó en evidencia su inconformidad por lo que considera una injusticia, y señaló al exalcalde de Barbosa, Victor Camacho, como principal culpable de la situación que hoy lo tiene con una sanción por parte de los entes de la Rama Judicial.
“A mí no me entregaron inventario, el señor Victor Camacho mandó las llaves en una bolsa, escuche para que vea señor juez, su injusticia… un policía a las 6 de la mañana fue a mi casa y me las entregó. Ningún ente de control, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni nada ha investigado al señor Victor Camacho”, añadió el alcalde Cortés, quien asegura que la problemática viene desde la administración anterior.
Contexto
El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, enfrenta una serie de señalamientos por presunta negligencia en la adecuación del sistema de semaforización con el que cuenta su municipio.
El alcalde barboseño fue demandado por no implementar un sistema de dispositivos especiales en los semáforos, destinados para personas con discapacidad visual.
“Había una sentencia que ordenaba hacer las adecuaciones a la semaforización y demás para los discapacitados, esto no se cumplió y se completa más de un año de incumplimiento de la sentencia; además, el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil sancionó en primera instancia y el Tribunal confirma la decisión”, explicó Marco Antonio Velásquez, veedor ciudadano, quien además resaltó que los sistemas se deben implementar en todas las zonas del municipio en las que hay semáforos.
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