Una presunta red delincuencial señalada de sacrificar caballos en condiciones clandestinas y comercializar su carne como si fuera de res, fue puesta en evidencia por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación permitió identificar a 9 personas que, al parecer, hacían parte de esta estructura que operaba en el área metropolitana de Bucaramanga y que distribuía el producto en diferentes establecimientos comerciales.
Los procesados son Sergio Leonardo Ortiz Soto, alias ‘Leo’; Danny Alexander Soto, alias ‘Dante’ o ‘Carnicero’; Jonathan Javier Ortiz Soto; Yolanda Soto Badillo; Enrique Cadena Rojas, alias ‘Mala Vida’; Cindy Johana Moreno Daza; Mario Alvarado Trujillo; Mayer Andrea Trujillo Ardila y Jhoan Sebastián Trujillo Trujillo.
Según la investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la organización presuntamente adquiría caballos de avanzada edad o con enfermedades en los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena, así como en varios municipios de Santander.
Posteriormente, los animales eran transportados en vehículos que no cumplían las condiciones adecuadas hasta Bucaramanga, donde, según las autoridades, permanecían sin alimento ni agua y en condiciones de maltrato antes de ser sacrificados de manera clandestina.
Carne alterada
La Fiscalía señaló que los elementos materiales probatorios indican que los investigados, al parecer, modificaban la apariencia, el olor y la textura de la carne utilizando sustancias químicas con el fin de ocultar su estado de descomposición y facilitar su venta para el consumo humano.
Además, el producto cárnico era almacenado y distribuido sin cumplir las normas sanitarias ni contar con los permisos exigidos por la legislación colombiana. Según la hipótesis del ente acusador, la carne era comercializada en distintos establecimientos del área metropolitana de Bucaramanga haciéndola pasar como carne de res, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores.
Delitos imputados y medidas judiciales
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los 9 procesados, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, daño a los recursos naturales y ecocidio, y muerte al animal.
Durante las audiencias, 5 de los investigados aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
Por decisión judicial, 5 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que los 4 restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso penal.
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