Un contundente operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió desmantelar una presunta organización de sicarios que operaba en Bucaramanga y su área metropolitana, señalada de cometer al menos 26 asesinatos en los últimos dos años (2024 y 2025) y de actuar al servicio del grupo delincuencial conocido como ‘Tren de Aragua’.
Tras meses de labores de inteligencia e investigación judicial, las autoridades lograron la captura de 18 personas que, según el proceso, cumplían distintos papeles dentro de la estructura criminal. Entre las funciones atribuidas a los detenidos estarían la ejecución de homicidios, labores de seguimiento, vigilancia, transporte y apoyo logístico para la comisión de los crímenes.
Uno de los casos más graves relacionados con esta organización ocurrió el 25 de octubre de 2025 en el barrio Villa Esperanza, en Floridablanca.
Ese día, un ataque armado dejó tres personas muertas y una más herida.
De acuerdo con la Fiscalía, detrás de esta acción estaría Brayan Alejandro Javier Peña, identificado como presunto líder y coordinador de varios hechos violentos registrados en la región.
Disputa de territorios
Las autoridades señalaron que la ola de homicidios tendría origen en disputas entre estructuras ilegales por el dominio de actividades ilícitas como el microtráfico, las extorsiones y otras economías criminales que se mueven en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.
Según el material probatorio recopilado durante las investigaciones, la organización también habría utilizado la violencia como una forma de intimidar a la ciudadanía y fortalecer su control territorial en diferentes sectores del área metropolitana.
La Fiscalía sostuvo que el avance de estas investigaciones fue posible gracias al análisis de evidencias técnicas, seguimientos y otras actividades judiciales que permitieron identificar la manera en la que operaba la red delincuencial y establecer la posible responsabilidad de sus integrantes en múltiples hechos de sangre.
Imputación de cargos
Durante las audiencias preliminares, una fiscal de la Seccional Santander presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputó cargos por concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y delitos relacionados con fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones.
Aunque los procesados rechazaron las acusaciones formuladas por el ente investigador, el juez determinó enviarlos a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial y se define su situación penal.
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