La Sala Penal del Tribunal Superior de Santander confirmó la sentencia de 48 meses (4 años) de cárcel impuesta a la exdirectora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento para el año 2012, así como al defensor de familia de entonces, Rafael Daniel Castro Nieto.
Ambos fueron declarados culpables del delito de prevaricato por acción, tras manipular un proceso de adopción en favor de la propia funcionaria.
La Fiscalía General de la Nación demostró que los implicados ignoraron deliberadamente las normas del Código de la Infancia y Adolescencia y los procedimientos internos del ICBF. La irregularidad involucró a una bebé de seis meses, hallada en estado de abandono en San Gil.
En lugar de seguir el trámite legal correspondiente, la menor fue llevada a Bucaramanga, donde Castro Nieto
Las pruebas revelaron que la exfuncionaria no reunía las condiciones requeridas para adoptar.
Además, la documentación de la niña, incluida su historia clínica, fue presentada ante el comité de adopciones con varios meses de retraso.
Este plazo incumplido ocurrió después de cinco meses de convivencia entre la bebé y la funcionaria, tiempo en el que se establecieron lazos afectivos que pudieron condicionar la decisión.
Un fiscal de la Seccional Santander enfatizó que los condenados antepusieron beneficios personales al bienestar de la menor, violando de forma flagrante las reglas que protegen a los niños en situación vulnerable.
A la pena de prisión se suma una multa de 26,6 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, junto con una inhabilidad de 80 meses para desempeñar cualquier cargo o función pública en Colombia.
Los sentenciados interpusieron recurso de apelación, por lo que el expediente pasa ahora a manos de la Corte Suprema de Justicia, que revisará el caso en última instancia, tras haber sido confirmado en segunda instancia.
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