La presunta vulneración de los derechos laborales de una funcionaria del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF) llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrir una nueva etapa en el proceso disciplinario contra dos de los principales directivos de la entidad.
El organismo formuló pliego de cargos contra el director, Julio César González García, y la secretaria general, Chabely Paola Flórez Cepeda, por un supuesto caso de acoso laboral en la modalidad de entorpecimiento laboral.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que investiga si ambos funcionarios habrían impedido que una colaboradora contara con las condiciones administrativas necesarias para ejercer plenamente las funciones de su cargo, una vez terminó una reubicación temporal en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Según el expediente disciplinario, la servidora pública desarrolló provisionalmente sus labores en esa entidad y, al concluir dicho proceso, debía reincorporarse al Banco Inmobiliario de Floridablanca.
Sin embargo, el Ministerio Público busca establecer si durante ese retorno no se adoptaron las medidas administrativas mínimas para garantizar el normal desarrollo de sus funciones.
Para la Procuraduría, esas actuaciones podrían constituir una forma de entorpecimiento laboral, modalidad de acoso que se configura cuando se obstaculiza el desempeño de un trabajador o se le impide desarrollar adecuadamente sus responsabilidades.
Con base en los elementos recopilados durante la etapa de investigación, el organismo de control resolvió formular pliego de cargos, decisión que marca el inicio del juicio disciplinario y permite a los investigados ejercer su derecho de defensa antes de que se adopte un fallo definitivo.
En el mismo auto, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que, de comprobarse los hechos, los funcionarios habrían actuado de manera consciente frente a las actuaciones investigadas.
El pliego de cargos no representa una sanción ni una declaración de responsabilidad. Corresponde a una etapa procesal en la que los funcionarios podrán presentar descargos, solicitar pruebas y controvertir las evidencias antes de que el Ministerio Público emita una decisión de fondo.
Con este proceso, la Procuraduría continuará evaluando si existieron actuaciones que afectaron las condiciones laborales de la funcionaria y si estas constituyen una falta disciplinaria que amerite la imposición de sanciones a los directivos del Banco Inmobiliario de Floridablanca.
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