El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quesada Urrego, falleció luego de ser víctima de un atentado sicarial ocurrido en la mañana de este jueves cuando llegaba a cumplir su jornada laboral en la cárcel de Palogordo, en Girón.
El ataque se registró hacia las 6:20 de la mañana, cuando el uniformado fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones cerca del centro penitenciario. Aunque inicialmente fue trasladado a un centro asistencial en estado crítico, las autoridades confirmaron posteriormente su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
Tras conocerse el crimen, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables del homicidio.
"Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de los autores de este crimen. No permitiremos que este hecho quede en la impunidad", indicó el funcionario.
Crece la preocupación por la seguridad de los funcionarios
El asesinato de Quesada Urrego reavivó las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad para el personal del Inpec que presta sus servicios en el establecimiento penitenciario de Palogordo.
Representantes sindicales de la institución habían advertido, tras el atentado, que los funcionarios enfrentan constantes riesgos debido al perfil de algunos internos recluidos en el penal y al presunto incumplimiento de medidas de protección contempladas en la Circular 015, la cual establece el fortalecimiento de los anillos de seguridad externos alrededor del centro carcelario.
Los voceros insistieron en que desde hace varios meses han solicitado mayores garantías para proteger la vida de los guardianes y demás trabajadores del Inpec, especialmente por las amenazas derivadas de su labor.
Defensoría del Pueblo ya había advertido los riesgos
La preocupación también coincide con las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el accionar de organizaciones criminales que, según la entidad, continúan coordinando actividades delictivas desde algunos centros penitenciarios del país, entre ellos la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón (Palogordo).
La entidad ha señalado que estas estructuras mantienen vínculos con redes criminales externas para coordinar economías ilícitas, ordenar retaliaciones y conservar capacidad de mando desde el interior de los establecimientos penitenciarios, situación que incrementa el riesgo para los funcionarios encargados de la custodia y vigilancia.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen de Efraín Quesada Urrego, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con el paradero de los responsables, mientras el Inpec y las organizaciones sindicales exigen el fortalecimiento de las medidas de seguridad para evitar nuevos ataques contra el personal penitenciario.
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