La Fiscalía General de la Nación judicializó a Antonio Enrique Cabarcas Osorio, señalado de estar implicado en un entramado de corrupción relacionado con un contrato por 3.138 millones de pesos, suscrito en 2022 con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental de Santander.
De acuerdo con el ente acusador, el contrato tenía como objeto ejecutar el proyecto ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’, cuyo fin era promover actividades artísticas en Bucaramanga y su área metropolitana. La contratación se realizó de manera directa.
La Fiscalía imputó a Cabarcas Osorio por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal, cargos que no fueron aceptados.
Según la investigación, el procesado, junto con otras personas ya judicializadas, habría coordinado la participación de artistas circenses, bailarines y músicos en eventos financiados con recursos públicos. "El material probatorio indicaría que a los artistas se les pagaban sumas entre 100.000 y 400.000 pesos, pero debían firmar cuentas de cobro en blanco, lo que habría permitido legalizar documentos y facturas hasta por 4 millones de pesos por persona".
Análisis contables de la Fiscalía señalan que los valores facturados, comparados con precios de mercado, habrían generado un detrimento patrimonial cercano a los 968 millones de pesos para el ente territorial. Además, se habrían aportado certificados de actividades que no se realizaron, junto con recibos presuntamente falsos con valores elevados.
Por estos hechos ya han sido judicializados Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental; Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica; Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora; Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista; y los coordinadores de eventos Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz.
“Era un esquema sistemático”: Ferley Sierra
El exdiputado de Santander Ferley Sierra, quien denunció públicamente estas presuntas irregularidades cuando integraba la Asamblea Departamental, aseguró que el caso fue el resultado de una investigación que se extendió durante cerca de tres meses.
Según explicó, la alerta inicial surgió del trabajo de control político que desarrollaba y de las posibles inconsistencias en la ejecución del contrato cultural. A partir de allí, él y su equipo revisaron documentación pública del proceso contractual, verificaron información del SECOP y contactaron directamente a artistas que habrían participado en las actividades.
De acuerdo con Sierra, al contrastar los testimonios con los documentos oficiales encontraron un patrón repetido: artistas que afirmaban haber recibido pagos cercanos a los 100.000 pesos por presentación, mientras en los soportes contables aparecían cobros por valores mucho mayores. “Eran cientos de casos con comportamientos similares”, señaló.
El exdiputado indicó que la información recopilada fue presentada en un debate de control político en la Asamblea, donde se expusieron las presuntas irregularidades. Posteriormente, se promovió una moción de censura contra la entonces secretaria de Cultura, quien dejó el cargo.
Sierra manifestó que ahora corresponde a la justicia avanzar en el proceso y determinar las responsabilidades individuales. También señaló que espera que el proceso judicial permita esclarecer la totalidad de los hechos y establecer si existen más personas involucradas.
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