En las últimas horas se conoció que la Cárcel Modelo de Bucaramanga amplió la cuarentena total debido al cuarto pico de la pandemia y contagios masivos por el covid-19. Se reportaron 79 internos que dieron positivos a esa enfermedad.
Las autoridades indicaron que con el fin de disminuir el riesgo de contagio y para dar manejo a los casos probables y confirmados, se amplía el cierre de las instalaciones hasta el 28 de enero.
“Atendiendo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y las recomendaciones expedidas por la Secretaría de Salud de Bucaramanga se da continuidad al cierre temporal frente al cuarto pico de pandemia de covid-19”, cita un documento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Además, se señala que con estas medidas se garantizará el derecho a la vida y a la salud de la población privada de la libertad y de quienes trabajan en estos establecimientos carcelarios.
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Las medidas que se tomaron van desde el cierre temporal, hasta la suspensión de las visitas íntimas, familiares y de amigos en el centro carcelario.
“De la misma manera, se aplazarán los permisos de 72 horas, sin embargo, este criterio podría ser ajustado de acuerdo al comportamiento epidemiológico del virus”, argumenta el comunicado del INPEC.
Otra de las medias es la suspensión de las actividades de Fundaciones, entrevistas solicitadas por medios de comunicación, ingreso comunidades religiosas, reuniones abogados defensores y el ingreso a las instalaciones de paquetes, encomiendas para los reclusos.
“Las audiencias y visitas virtuales también serán aplazadas, a las vez que los proyectos productivos de Asadero y Panadería por la manipulación de los alimentos”, agrega el documento.
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Es importante señalar que, en los últimos días el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dio a conocer que en las cárceles y estaciones de Policía de la capital santandereana cuentan con un hacinamiento y sobrepoblación del 1300%.
Debido a esta situación y a las investigaciones que realiza la Defensoría se estaría vulnerando los derechos de los internos.
“No hay garantías en las condiciones de salud, alimentación, infraestructura, servicios públicos y acceso a la administración pública y jurídica”, manifestó el Defensor.
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