Un nuevo hecho que genera controversia en el área metropolitana de Bucaramanga quedó registrado durante el fin de semana en Piedecuesta, luego de que un funcionario de la administración municipal se viera involucrado en un altercado con agentes de tránsito durante un procedimiento de control vial.
La situación ocurrió en la mañana del domingo 14 de junio en el sector de La Rioja, frente al Centro Comercial Delacuesta, donde agentes de la Secretaría de Tránsito y Movilidad realizaban labores de verificación a conductores y vehículos que circulaban por la zona.
El protagonista del incidente sería Diego Armando Aparicio Quiñónez, quien se desempeña como Inspector de Policía Urbana de Piedecuesta.
Cuatro infracciones
Según el reporte entregado por los agentes que atendieron el procedimiento, la motocicleta en la que se movilizaba presuntamente presentaba varias irregularidades relacionadas con la documentación obligatoria para circular.
Entre las posibles infracciones detectadas figuran la ausencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, la falta de la revisión técnico-mecánica al día y el no uso del casco reglamentario por parte del conductor.
Estas conductas están contempladas en el Código Nacional de Tránsito y pueden derivar en sanciones económicas, además de la inmovilización del vehículo.
El caso tomó mayor relevancia luego de que en redes sociales comenzara a circular un video en el que se observa la discusión entre el funcionario y uno de los agentes encargados del procedimiento.
Las imágenes también muestran que el conductor abandona el lugar antes de que concluyera la actuación de las autoridades de tránsito, lo que generaría otra multa de tránsito.
De confirmarse las infracciones mencionadas, las sanciones económicas podrían superar los 3,8 millones de pesos, sumadas a la inmovilización inmediata del vehículo.
La polémica se ha incrementado debido al presunto parentesco entre el inspector y otro funcionario que actualmente trabaja en la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta.
Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la administración municipal, diversos sectores han solicitado que el caso sea esclarecido y que se determinen eventuales responsabilidades disciplinarias si hay lugar a ellas.
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