Pliego de cargo formuló la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil en contra del alcalde, Édgar Orlando Pinzón Rojas, por presuntas irregularidades en la celebración del contrato de prestación de servicios CPS-033-2024.
Según la demanda, la actuación se originó por presuntas irregularidades en la contratación de Daisy Yaneth Rodríguez Bayona, quien, según la investigación, tendría un vínculo familiar dentro del segundo grado de afinidad con Germán Yesid Anaya González, quien para la época de los hechos ejercía como secretario de Hacienda del municipio y ocupaba un cargo de nivel directivo dentro de la administración local.
¿Qué se investiga?
De acuerdo con el expediente, el organismo de control busca establecer si la celebración del contrato vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades contemplado en la ley, teniendo en cuenta la presunta relación de parentesco que existía con un alto funcionario de la Alcaldía.
La Procuraduría sostiene que el alcalde, en calidad de representante legal del municipio, habría participado en la celebración del contrato pese a la posible existencia de dicha inhabilidad. Por ello, la conducta fue calificada provisionalmente como una presunta falta gravísima cometida con culpa grave, una de las categorías disciplinarias más severas establecidas en el Código General Disciplinario.
Según el documento conocido, el mandatario habría omitido verificar adecuadamente los requisitos legales y las eventuales restricciones de parentesco antes de autorizar y suscribir el contrato CPS-033-2024.
Además, dentro del expediente se advierte que la funcionaria encargada de revisar la documentación contractual habría tenido bajo su responsabilidad verificar la existencia o no de inhabilidades antes de formalizar el proceso. La Procuraduría indicó que Daisy Yaneth Rodríguez Bayona sería compañera permanente y/o cónyuge de Dagoberto Anaya, configurándose un posible parentesco en segundo grado de afinidad con Germán Yesid Anaya González.
A la Personería
Por estos hechos, el Ministerio Público ordenó compulsar copias del expediente a la Personería Municipal de San Gil para determinar si funcionarios de la oficina jurídica de la Alcaldía incurrieron en posibles faltas disciplinarias al revisar o emitir conceptos sobre el proceso contractual.
La decisión también señala textualmente: “Formular pliego de cargos en contra de Édgar Orlando Pinzón Rojas, en su condición de alcalde para la época de los hechos, como presunto responsable de quebrantar la Ley 1952 de 2019”.
Aunque el pliego de cargos no constituye una sanción definitiva, sí representa un avance formal dentro del proceso disciplinario y abre paso a la etapa de juzgamiento, donde serán evaluadas las pruebas existentes para determinar la eventual responsabilidad del mandatario.
En esta fase procesal, el alcalde tendrá la oportunidad de presentar descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.
Entre las eventuales consecuencias disciplinarias, y dependiendo de la decisión final que adopte la Procuraduría General de la Nación, el mandatario podría enfrentar sanciones como suspensión, destitución o inhabilidad para ejercer funciones públicas.
El caso ha generado revuelo en San Gil debido a los cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno y la transparencia en la contratación pública de la administración municipal. Además, el expediente deja abierta la posibilidad de que otras autoridades revisen eventuales implicaciones penales derivadas de los mismos hechos.
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