La gerente de Acuasan, Diana Rojas, reconoció ante el Concejo de San Gil que la empresa atraviesa una compleja situación financiera y confirmó un déficit superior a los $3.500 millones, resultado de pérdidas acumuladas que, según explicó, vienen registrándose desde el año 2020.
Durante el debate de control político realizado el pasado miércoles 27 de mayo, la gerente aseguró que la administración actual encontró inconsistencias en la información financiera y que fue necesario realizar un proceso de revisión y reexpresión de estados financieros para reflejar la realidad económica de la empresa.
Según detalló Rojas, el análisis interno permitió establecer pérdidas consecutivas durante los últimos años. Explicó que en 2020 la empresa cerró con pérdidas superiores a los $7 millones, mientras que en 2021, 2022 y 2023 las cifras negativas superaron los $400 millones anuales. Sin embargo, el golpe más fuerte se reflejó en 2024, cuando las pérdidas alcanzaron los $2.154 millones.
La gerente señaló que uno de los principales problemas identificados fue el crecimiento de las obligaciones por encima de los ingresos de la empresa. Entre los factores mencionó el aumento de costos operativos, pagos a proveedores, contratos asociados a la prestación del servicio de aseo y el impacto de la convención colectiva laboral, firmada a finales de 2023, que incrementó significativamente las cargas económicas para la entidad.
De acuerdo con las cifras entregadas, solo los beneficios extralegales pactados en dicha convención representan cerca de $900 millones anuales para Acuasan. La funcionaria explicó que actualmente la empresa ni siquiera tiene capacidad de cubrir completamente esos compromisos.
Otro de los puntos expuestos durante el debate fue la pérdida de usuarios en el componente de aseo, donde actualmente existe competencia con otra empresa prestadora del servicio en San Gil. Según indicó Rojas, muchos ciudadanos han migrado debido a las diferencias tarifarias, situación que ha afectado directamente los ingresos proyectados por la entidad.
Frente a este panorama, la gerente aseguró que la empresa ya adelanta medidas para intentar recuperar el punto de equilibrio financiero. Entre las estrategias se encuentra la reorganización de rutas de recolección, reducción de costos operativos y ajustes internos que permitan disminuir gastos sin afectar la prestación del servicio.
Rojas también descartó que exista actualmente algún proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y negó cualquier intención de privatizar la empresa. Incluso respondió directamente a versiones que han circulado en la ciudad sobre una posible entrega de Acuasan a operadores privados.
“Esta administración defiende las empresas públicas y considera que el Estado tiene la capacidad de prestar los servicios públicos”, afirmó.
En medio del debate, la gerente resaltó algunos avances operativos, especialmente en el componente de alumbrado público, donde aseguró que San Gil ha logrado una importante modernización con luminarias LED y ampliación de cobertura en distintos sectores del municipio.
El caso de Acuasan vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la sostenibilidad financiera de las empresas públicas de servicios en municipios intermedios, especialmente en contextos de aumento de costos laborales, competencia privada y necesidad permanente de inversión en infraestructura.
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