La preocupación por la seguridad rural volvió a encender las alarmas en Santander tras denuncias sobre presuntas extorsiones que estarían afectando a ganaderos, comerciantes y campesinos del sur del departamento.
Habitantes de distintas zonas rurales aseguran que personas armadas estarían intimidando a la población para exigir pagos ilegales a cambio de permitir el desarrollo normal de sus actividades económicas, situación que ha generado temor colectivo y un ambiente de creciente incertidumbre en el campo santandereano.
De acuerdo con testimonios conocidos por líderes comunitarios, las presiones económicas se estarían presentando principalmente en áreas apartadas donde la presencia institucional es limitada. Productores agropecuarios afirman que las amenazas incluyen advertencias directas y mensajes intimidantes que buscan obligarlos a entregar dinero bajo la promesa de evitar represalias, lo que ha reavivado recuerdos de épocas marcadas por la violencia y el control ilegal en zonas rurales.
Las alertas se concentran especialmente en veredas de los municipios de Encino y Coromoro, así como en varias localidades de la provincia de García Rovira, donde dirigentes sociales han reportado movimientos sospechosos y la presunta presencia de hombres armados.
Según las denuncias, estas personas estarían recorriendo fincas y establecimientos comerciales para exigir pagos, generando zozobra entre quienes dependen del trabajo agrícola y ganadero para su sustento diario.
La situación ha impactado directamente la confianza de las comunidades campesinas, que temen una posible reactivación de estructuras criminales en corredores rurales estratégicos. Algunos habitantes han manifestado que el miedo ha comenzado a modificar rutinas productivas, reduciendo desplazamientos y limitando actividades comerciales por precaución, lo que podría afectar la economía local si las denuncias continúan aumentando.
Medidas de seguridad por parte de las autoridades de Santander
Ante este panorama, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que el Gobierno departamental activó una intervención articulada con la Policía Militar y solicitó respaldo al Ministerio de Defensa para fortalecer la capacidad operativa en las zonas señaladas. El funcionario explicó que se mantiene monitoreo constante frente a posibles movimientos del Ejército de Liberación Nacional en corredores rurales donde históricamente se han presentado acciones de grupos armados ilegales.
Como parte de la respuesta institucional, el Ejército Nacional de Colombia, junto con unidades especializadas del Gaula Militar, intensificó patrullajes, instaló puestos de control y adelantó labores de inteligencia para verificar la veracidad de las denuncias. Las autoridades buscan anticiparse a cualquier intento de consolidación criminal y evitar que estructuras ilegales ejerzan control territorial en zonas estratégicas cercanas a la frontera con Norte de Santander.
Las operaciones también incluyen acercamientos directos con las comunidades rurales para incentivar la denuncia y fortalecer la confianza ciudadana. Según voceros militares, la información suministrada por los habitantes será clave para identificar posibles responsables y evitar que los casos de extorsión evolucionen hacia escenarios de mayor violencia o desplazamiento forzado.
Desde la Gobernación de Santander reiteraron que la prioridad es garantizar la seguridad y proteger la actividad productiva del campo, considerada fundamental para la economía regional. Las autoridades insistieron en que no se permitirá que actores ilegales afecten la tranquilidad de los campesinos ni interfieran en el desarrollo económico de las provincias rurales, por lo que las acciones operativas continuarán de manera sostenida.
Finalmente, la administración departamental hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas oficiales del Gaula, recordando que la denuncia oportuna puede prevenir delitos y salvar vidas. Mientras avanzan las investigaciones, las comunidades esperan que la presencia institucional logre restablecer la calma y evitar que el miedo vuelva a imponerse en el campo santandereano.