La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a siete exconcejales del municipio de Barbosa, Santander, tras establecer que vulneraron las normas que garantizan la participación de la oposición en la conformación de la mesa directiva del Concejo Municipal.
La decisión, adoptada en fallo de primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, concluyó que los entonces cabildantes desconocieron el Estatuto de la Oposición, al impedir que la primera vicepresidencia fuera ocupada por el concejal perteneciente al partido político declarado oficialmente en oposición al alcalde, tal como lo establece la legislación colombiana.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, los hechos ocurrieron durante la sesión del 16 de noviembre de 2022, cuando los siete concejales votaron a favor de la elección de Yenny Rocío Agudelo Delgado como primera vicepresidenta del Concejo, pese a que esa dignidad debía ser ejercida por el representante de la oposición.
Para el Ministerio Público, esta actuación constituyó una falta grave cometida a título de dolo, al considerar que los entonces corporados conocían las disposiciones legales y, aun así, decidieron actuar en contravía de ellas.
Como resultado del proceso, la Procuraduría impuso nueve meses de suspensión a los exconcejales Marisol Rocha Ariza, Mauricio Álvarez Rivera, Edinson Gilberto Castillo Rojas y Fabián Leonardo Alvarado Pineda.
Igualmente, fueron sancionados con doce meses de suspensión Edwin Leandro Camacho Leguizamón, quien ejercía como primer vicepresidente del Concejo durante 2022, y Yenny Rocío Agudelo Delgado, al comprobarse que aceptó su postulación y elección para ese cargo sin cumplir las exigencias legales previstas en el Estatuto de la Oposición.
Por su parte, el exconcejal Orlando Vargas Forero recibió una sanción de seis meses de suspensión, debido a que incumplió su deber funcional de conocer y aplicar tanto el reglamento interno del Concejo como las disposiciones del Estatuto de la Oposición.
La Procuraduría precisó que, debido a que ninguno de los sancionados ejerce actualmente funciones públicas, las suspensiones impuestas serán convertidas en multas equivalentes a los salarios que devengaban al momento de ocurrir los hechos, conforme a lo establecido por la normativa disciplinaria vigente.
Con esta decisión, el organismo de control reiteró la importancia de garantizar los derechos de las minorías políticas y de la oposición, recordando que el respeto por estas garantías fortalece la democracia, la pluralidad política y el adecuado funcionamiento de las corporaciones públicas.
Las sanciones corresponden a un fallo de primera instancia, por lo que aún podrán surtirse las actuaciones procesales contempladas en la ley.
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