La administración distrital de Barrancabermeja enfrenta una compleja situación relacionada con una presunta irregularidad que comprometería aspectos clave de la seguridad y la movilidad en el municipio, y en la que estarían involucrados funcionarios de la Alcaldía.
El caso gira en torno al sistema de videovigilancia de la ciudad, cuya operatividad ha sido cuestionada.
Por presuntas fallas en la ejecución de un contrato cercano a los $6.500 millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa disciplinaria con el fin de determinar posibles responsabilidades de servidores públicos de la Administración Distrital en la contratación, adquisición y funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad (CCTV).
La actuación, liderada por la Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, se origina tras conocerse información que advierte sobre graves deficiencias en el sistema. Según los reportes preliminares, de aproximadamente 125 cámaras instaladas en distintos puntos estratégicos del distrito, solo cerca de 25 estarían en funcionamiento (20%), lo que representa una cobertura significativamente limitada frente a las necesidades de vigilancia urbana.
Este panorama genera preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, teniendo en cuenta que el sistema de videovigilancia es una herramienta fundamental para la prevención del delito, el control del tráfico y la reacción oportuna ante situaciones de emergencia. La inoperancia de la mayoría de los dispositivos podría estar afectando directamente la capacidad institucional para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
De igual forma, se habrían identificado múltiples deficiencias técnicas en la operatividad del sistema, entre ellas problemas en el funcionamiento general de los equipos, ausencia de un sistema de almacenamiento de video eficiente y la falta de software especializado que permita la correcta administración y monitoreo de las cámaras.
En el marco de la indagación, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el propósito de esclarecer los hechos y establecer si existieron irregularidades en las diferentes etapas del contrato.
No obstante, la entidad aseguró que esta actuación se encuentra en una fase preliminar, por lo que no implica, por ahora, la atribución de responsabilidad disciplinaria a ningún funcionario de la administración barranqueña.
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