El Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo modelo de atención en salud para las personas privadas de la libertad en Colombia, una estrategia que busca mejorar el acceso a servicios médicos dentro de los centros penitenciarios y superar problemas que durante años han sido denunciados por internos, familiares y defensores de derechos humanos.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 1099 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social, que deroga las resoluciones 5159 de 2015 y 3595 de 2016 y adopta un esquema basado en la Atención Primaria en Salud, con herramientas como la telesalud, servicios extramurales y protocolos adaptados a las condiciones propias de los establecimientos carcelarios.
Según el Ministerio, el nuevo modelo busca garantizar una atención integral, continua y de calidad para la población privada de la libertad bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). También contempla enfoques diferenciales para grupos vulnerables, la clasificación de los centros de reclusión según sus capacidades y un sistema de seguimiento para evaluar su implementación.
Sin embargo, para quienes han seguido de cerca la situación de los centros carcelarios, el desafío no está en el diseño del modelo sino en lograr que funcione en la práctica.
Según Hernando Mantilla, veedor de derechos carcelarios en Santander, considera que “muchas de las propuestas anunciadas responden precisamente a problemas que hoy siguen afectando a miles de internos en el país”.
Según el veedor, las dificultades continúan siendo evidentes en establecimientos penitenciarios de Santander y del resto del país. "No hay medicina dentro de las cárceles. Muchas veces no hay médicos. A veces se retrasan los pagos de esos médicos y del servicio de enfermería", afirmó.
Mantilla indicó que una de las principales dificultades radica en la coordinación entre las entidades encargadas de prestar los servicios de salud y las autoridades penitenciarias. Según explicó, incluso cuando un interno logra obtener una cita médica especializada, los procesos logísticos para garantizar su traslado pueden ocasionar retrasos o la pérdida de las consultas.
A esto se suma la situación de los reclusos que conservan afiliación a EPS, lo que en algunos casos genera trámites adicionales y dificultades para acceder a la atención requerida.
Mantilla también manifestó dudas sobre la implementación de la telesalud, una de las principales novedades del nuevo modelo. Aunque considera que puede convertirse en una herramienta útil para ampliar la cobertura, advirtió que será necesario garantizar condiciones adecuadas para que las consultas remotas realmente respondan a las necesidades médicas de los internos.
"Eso suena bonito y ojalá pudiera hacerse un verdadero cambio, pero la realidad es que el sistema de salud carcelario ha tenido problemas durante años y muchos de ellos siguen sin resolverse", señaló.
En Santander, cárceles como La Modelo de Bucaramanga y el establecimiento penitenciario de Palogordo concentran más de 5 mil personas privadas de la libertad. Allí, las dificultades en materia de salud carcelaria han sido objeto de constantes denuncias por parte de familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Finalmente, Mantilla expresó que el principal desafío será que las disposiciones contenidas en la resolución logren traducirse en mejoras reales para la población carcelaria. "Ojalá se pudiera hacer un verdadero cambio", e insistió en que las dificultades estructurales del sistema siguen siendo una preocupación para quienes hacen seguimiento a las condiciones de salud dentro de las cárceles colombianas.
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