Los propietarios de predios rurales en San Gil (Santander) denunciaron incrementos exagerados en los avalúos catastrales en sus fincas, los cuales en algunos casos llegan al 2.800 por ciento.
Así quedó evidenciado en una sesión del Concejo Municipal, hasta donde llegaron propietarios de predios preocupados porque la actualización catastral incrementará en forma desproporcionada el cobro del impuesto predial unificado.
La comunidad, proveniente de diferentes veredas del municipio, intervino durante la sesión para exponer casos concretos que evidencian el impacto de la actualización catastral en el sector rural.
Tatiana Benítez, representante de la vereda Hoya de Monas, aseguró que el avalúo de su finca pasó de 50 millones de pesos a 1.000 millones en un solo año. “Ese es mi reclamo y mi queja”, manifestó ante los concejales.
Por su parte, Jorge Albino, secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Laja, expresó preocupación por el incremento en los avalúos y advirtió que, de mantenerse esta tendencia, la situación podría volverse insostenible en los próximos años.
Además, denunció que el predio donde funciona el salón comunal, una capilla y la escuela rural —que históricamente había estado exento del pago de impuesto predial— comenzó a recibir cobros desde 2024.
Según explicó, ese año la comunidad tuvo que reunir 322 mil pesos para pagar la obligación. Para 2025, pese a haber solicitado formalmente la exoneración mediante radicado del 17 de diciembre de 2024, volvió a llegar un cobro por más de 300 mil pesos. “Las Juntas de Acción Comunal no tienen recursos propios. Nos toca pasar la totuma para poder pagar”, señaló.
Desde la vereda Cañaveral, Gilberto Hernández Villalba calificó la situación como grave y propuso la creación de un comité integrado por el Concejo, la Alcaldía, líderes comunitarios y funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el fin de revisar caso por caso los avalúos que podrían requerir corrección.
Otros ciudadanos expusieron cifras que generaron preocupación entre los asistentes. Mauricio Ferreira aseguró que una finca de dos hectáreas pasó de tener un avalúo de 18 millones de pesos a 305 millones, mientras que otro predio pasó de pagar 171 mil pesos a registrar un avalúo superior a los 2.383 millones de pesos.
Leticia Ruiz, abogada y exfuncionaria del IGAC, indicó que en su caso el avalúo de su finca pasó de 492 millones a más de 5.262 millones de pesos. Aunque el impuesto predial no aumentó en la misma proporción este año, advirtió que el nuevo avalúo impactará otros tributos como el impuesto al patrimonio, la declaración de renta, los costos de escrituración y procesos de sucesión. “Lo que se trata acá no es con la Secretaría de Hacienda, porque los datos los envía el IGAC. Quien tiene que corregir los avalúos es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, precisó.
Cecilia Muñoz, residente en el sector El Cucharo, afirmó que, en promedio, los incrementos en su caso y el de sus familiares oscilan entre el 2.500 % y el 2.800 %. Señaló que, aunque el impuesto predial este año solo subió alrededor del 50 %, en 2026 podría representar pagos superiores a los 40 millones de pesos anuales, lo que consideró impagable.
Algunos concejales y ciudadanos señalaron que la actualización catastral estaría relacionada con la metodología de avalúo multipropósito implementada a nivel nacional. Sin embargo, cuestionaron que el proceso no habría incluido visitas de campo en todos los casos y solicitaron mayor claridad sobre los criterios aplicados.
Durante la sesión también se planteó la posibilidad de ampliar los plazos de descuento para el pago del impuesto predial mientras se revisan las inconsistencias y se resuelven las reclamaciones.
Los propietarios anunciaron que evaluarán la presentación de objeciones formales ante el IGAC y no descartaron acciones colectivas para exigir la revisión de los avalúos que consideran desproporcionados.
La situación ha generado preocupación en el sector rural de San Gil, donde campesinos y líderes comunales advierten que los nuevos avalúos podrían afectar la sostenibilidad económica de las familias y de los predios dedicados a actividades agrosilvopastoriles.
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