La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, por presuntas irregularidades cometidas durante su ejercicio como mandatario en octubre de 2025.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el exfuncionario habría incurrido en posibles extralimitaciones en sus funciones, relacionadas con decisiones administrativas que ahora son objeto de análisis disciplinario.
Uno de los hechos que motivó la apertura del proceso tiene que ver con la presunta desvinculación de una servidora pública que se desempeñaba como secretaria administrativa del municipio, pese a que, según el ente de control, la funcionaria se encontraba protegida por el fuero de lactancia, una garantía especial contemplada en la ley para salvaguardar los derechos laborales de las madres en periodo de lactancia.
El Ministerio Público busca establecer si dicha decisión vulneró las normas vigentes y si se desconocieron los derechos de la trabajadora, lo que podría configurar una falta disciplinaria de alta gravedad.
Adicionalmente, la Procuraduría investiga otro hecho relacionado con el posible acceso indebido a información reservada. Según se conoció, Cáceres Arismendy habría permitido que un particular tuviera acceso a las hojas de vida de algunos funcionarios de la administración municipal, lo que podría constituir una violación a los protocolos de manejo de información y a la protección de datos personales.
Estas dos situaciones son consideradas de especial relevancia dentro del proceso, ya que comprometerían la responsabilidad del exmandatario en el manejo adecuado de sus funciones y en el respeto por las normas que rigen la administración pública.
Por estos hechos, la autoridad disciplinaria calificó provisionalmente las conductas como faltas graves, cometidas a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas dentro del régimen disciplinario colombiano, lo que podría acarrear sanciones significativas en caso de comprobarse su responsabilidad.
El proceso disciplinario continuará con las etapas correspondientes, en las que se garantizará el derecho a la defensa del exfuncionario, quien podrá presentar sus argumentos y pruebas frente a los señalamientos.
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