La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en el proceso de inscripción y pago de los derechos de las pruebas Saber 11 de más de 38 estudiantes de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza, ubicada en la vereda Acapulco, en Girón, Santander.
La actuación busca determinar qué funcionarios de la Secretaría de Educación de Girón y del plantel educativo tenían a su cargo el trámite y por qué el proceso no se habría completado dentro del plazo establecido.
Como consecuencia, los estudiantes no pudieron presentar inicialmente el examen en la fecha prevista, el 26 de julio de 2026.
El caso fue conocido por el Ministerio Público a través de una publicación periodística que alertó sobre la situación. A partir de esa información, la Procuraduría inició de oficio la actuación disciplinaria y comenzó a recopilar elementos para establecer qué ocurrió y quiénes podrían tener responsabilidad.
Entre las pruebas solicitadas se encuentran soportes financieros, registros de inscripción, informes administrativos y documentos relacionados con el procedimiento adelantado por la institución educativa y las autoridades competentes. El objetivo es establecer si hubo omisiones o fallas en el manejo del proceso de inscripción y pago.
Pruebas Saber 11
Las pruebas Saber 11 son evaluaciones estandarizadas aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) a los estudiantes que cursan el último grado de educación media.
Sus resultados permiten medir competencias en diferentes áreas y son utilizados, entre otros aspectos, como referencia para el acceso a la educación superior.
Santander destaca en las pruebas
La situación adquiere especial relevancia en Santander, donde durante los últimos años estudiantes de colegios del área metropolitana de Bucaramanga han conseguido resultados destacados en estas evaluaciones.
Por ello, el hecho de que un grupo de jóvenes no pudiera presentar el examen en la fecha para la cual se había preparado podría tener un impacto directo en sus resultados y en sus procesos de acceso a oportunidades educativas posteriores.
Aunque los estudiantes afectados puedan presentar nuevamente la prueba en una fecha posterior y esto no necesariamente les impida graduarse como bachilleres al finalizar el año, el Ministerio Público considera necesario esclarecer por qué se produjo esta situación.
La Procuraduría espera establecer las circunstancias que rodearon el trámite, identificar a los funcionarios responsables y determinar si hubo alguna actuación irregular que afectara a los estudiantes.
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