La Gobernación de Santander solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría abrir una investigación por presunta corrupción electoral, tras denuncias públicas relacionadas con la campaña a la Cámara de Representantes en el departamento.
Según un comunicado oficial, la solicitud se da luego de señalamientos realizados por Sergio Isnardo Muñoz, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, quien ha señalado la existencia de un presunto montaje en contra de su campaña.
No obstante, de acuerdo con la Gobernación de Santander, la administración departamental conoció inicialmente los hechos a partir de una denuncia pública realizada por el también candidato a la Cámara de Representantes, Carlos Anaya, quien alertó sobre “posibles irregularidades que, al parecer, se estarían fraguando a través de un programa de emprendimientos del Gobierno Nacional administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS)”.
Anaya ha advertido que, a través de una empresa vinculada a ese programa, presuntamente se habrían entregado electrodomésticos a cambio de votos, en medio de un supuesto entramado de corrupción electoral.
En publicaciones en redes sociales, el candidato también indicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la cual se encuentra activa y en etapa de indagación, luego de haber sido instaurada el pasado mes de febrero.
De acuerdo con la consulta de casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), y según el número de radicado relacionado con el presunto delito de corrupción al sufragante, el proceso avanza en la etapa de “actividad investigativa adelantada por el equipo de trabajo de la Fiscalía u otra actuación procesal”. El caso es tramitado por la Unidad Seccional de Administración Pública – Delitos Electorales – Bucaramanga.
Frente a estas denuncias, la Gobernación de Santander manifestó que "un funcionario de la entidad participó en la recolección de información relacionada con estos hechos con el propósito de presentarla ante la Fiscalía General de la Nación, actuación que, según lo expresado por el propio funcionario, realizó a motu propio y amparado en el deber de denunciar".
Debido a las amenazas recibidas y a los temores por su seguridad expresados por el funcionario, la Gobernación de Santander indicó que se comunicó con el director seccional de Fiscalías para informar sobre lo ocurrido.
Sin embargo, la administración departamental precisó que la actuación del servidor público no fue autorizada "ni instruida por la entidad y que tampoco corresponde a las funciones del funcionario involucrado" y recalcó “la administración departamental reitera a todos sus servidores la obligación de actuar exclusivamente dentro del marco de sus competencias”.
Finalmente, la Gobernación de Santander indicó que evaluará las medidas administrativas internas a que haya lugar, en el marco de la norma y respetando las restricciones de la Ley de Garantías. Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, las garantías electorales y el respeto por la institucionalidad.
Alerta Bogotá en Google News