La huelga entre la Electrificadora de Santander (ESSA) y el sindicato Sintraelecol entró en una fase crítica, luego de varios días sin avances significativos en la negociación colectiva, situación que llevó al Gobierno Nacional a intervenir como mediador directo ante los riesgos que podría representar una prolongación del conflicto para la estabilidad del servicio eléctrico en la región.
Aunque hasta el momento no se ha registrado una crisis energética ni interrupciones generalizadas en el suministro, las autoridades advierten que el escenario actual es delicado. El principal riesgo, según el Ejecutivo, no radica en los efectos ya visibles del paro, sino en la posibilidad de que una contingencia técnica coincida con la reducción operativa derivada de la huelga, lo que podría desencadenar una emergencia regional.
Ministro de Minas, Edwin Palma, propone salida para destrabar huelga entre ESSA y Sintraelecol
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que el tiempo comienza a jugar en contra de las partes involucradas y advirtió que una huelga que supera los tres días tiende a complejizarse tanto en lo operativo como en lo jurídico. El funcionario insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos urgentes que permitan desescalar la tensión y garantizar la continuidad del servicio público esencial.
El nivel alcanzado por el conflicto obligó a la intervención directa del Gobierno a través de distintas entidades nacionales. El Ministerio de Minas asumió un rol activo de mediación para acercar posiciones entre la empresa y el sindicato, mientras que el Ministerio del Trabajo adoptó medidas orientadas a proteger el derecho a la huelga sin comprometer la prestación mínima del servicio eléctrico.
Entre las acciones adoptadas se encuentra el sellamiento de áreas consideradas no esenciales dentro de la operación, una decisión que busca equilibrar el ejercicio del derecho sindical con la obligación constitucional de garantizar servicios básicos a la ciudadanía. Esta medida pretende evitar riesgos mayores mientras continúan las conversaciones entre las partes.
El ingreso del Gobierno como mediador activo evidencia la magnitud del conflicto, ya que este tipo de intervenciones suele presentarse únicamente cuando están en juego servicios públicos esenciales o existe la posibilidad de afectaciones regionales de alto impacto. Analistas laborales consideran que este escenario ubica la disputa en un nivel de prioridad nacional.
Como alternativa para destrabar la negociación, el ministro Palma propuso modificar la metodología del diálogo colectivo. La iniciativa plantea que el incremento salarial, uno de los puntos más polémicos del pliego de peticiones, sea definido mediante un Tribunal de Arbitramento, permitiendo así avanzar en otros temas mientras un tercero imparcial resuelve la diferencia económica.
La falta de avances concretos en la mesa de negociación mantiene la incertidumbre entre trabajadores, autoridades y usuarios del servicio eléctrico. Mientras las posiciones continúan distantes, crece la presión institucional para que ambas partes cedan y adopten mecanismos que permitan retomar el camino del acuerdo antes de que el conflicto alcance consecuencias mayores.
En este contexto, el Gobierno reiteró su llamado al diálogo y a la responsabilidad compartida entre empresa y sindicato, subrayando que la prioridad debe ser preservar la estabilidad del sistema energético y evitar impactos sociales y económicos que puedan afectar a miles de usuarios en Santander y zonas interconectadas del país. La evolución de las conversaciones en los próximos días será determinante para definir si la huelga logra resolverse por la vía negociada o si el conflicto entra en una etapa aún más compleja.
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