La lucha de Luz Marina Arciniegas Granados no es solo contra un diagnóstico médico devastador, sino contra un sistema administrativo que parece ignorar la urgencia de la vida. Luz Marina, natural del municipio de Cabrera (Santander) y afiliada al Régimen Subsidiado de Coosalud EPS, completa hoy doce meses de espera por una cirugía y un tratamiento oncológico que son vitales para frenar un avance agresivo del cáncer en su rostro.
La pesadilla comenzó hace aproximadamente un año, cuando una lesión en su cara fue evaluada inicialmente en el Hospital Universitario de Santander (en Bucaramanga). Tras rigurosos estudios, los especialistas emitieron un diagnóstico contundente: Carcinoma de Células de Merkel, un tipo de cáncer de piel extremadamente raro y altamente agresivo, cuya principal característica es su rápida propagación y alta tasa de mortalidad si no se interviene de forma inmediata.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, Luz Marina ha tenido que enfrentarse a una cadena de incumplimientos por parte de su entidad prestadora de salud. Aunque ha sido atendida en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde se ratificó la necesidad urgente de una cirugía y un tratamiento denominado "Politerapia Antineoplásica de Alta Toxicidad", la EPS no ha suministrado los medicamentos necesarios. Esta omisión ha generado un ciclo doloroso para la paciente y su familia: el HIC agenda las citas para el inicio del tratamiento, pero termina cancelándolas a último minuto porque los fármacos nunca llegan a la institución.
Ante la clara vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, la familia Arciniegas recurrió a la justicia. El pasado 12 de febrero, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga dictó una medida provisional ordenando al representante legal de Coosalud EPS autorizar y suministrar de manera inmediata el tratamiento requerido. El juez fue enfático al advertir que la EPS debe garantizar el servicio, ya sea a través de su red propia o contratando entidades independientes, siguiendo estrictamente las órdenes del médico tratante.
Mientras los trámites legales avanzan, la salud de Luz Marina se deteriora aceleradamente. En los últimos cuatro meses, la paciente ha sido sometida a constantes traslados, urgencias y remisiones que no terminan en soluciones reales. El día de ayer, la situación se tornó crítica cuando debió ser ingresada por urgencias debido a una marcada dificultad para respirar. Sin embargo, la respuesta médica fue un nuevo obstáculo: se le informó que, por su condición de paciente oncológica, el servicio de urgencias general poco puede hacer, y que su vida depende exclusivamente de la agilización del tratamiento de alta toxicidad que Coosalud sigue dilatando.
El fallo judicial también otorga un plazo de dos días para que la EPS brinde explicaciones formales sobre la falta de autorización. No obstante, para Luz Marina y su familia, el tiempo no se mide en términos legales, sino en la angustia de ver cómo un cáncer agresivo gana terreno frente a la indolencia administrativa. La comunidad de Cabrera y defensores de los derechos de los pacientes en Santander hacen un llamado urgente a la Superintendencia de Salud para que intervenga en este caso antes de que el desenlace sea irreversible.
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