El Gobierno Nacional endureció su mensaje frente a las amenazas y hechos de violencia relacionados con el traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. Desde el departamento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el establecimiento penitenciario está preparado para recibir a estos reclusos y advirtió que el Estado mantendrá el control de la cárcel y de su entorno.
Las declaraciones se producen en medio de la preocupación que existe en Girón y Santander por la llegada de internos considerados de alto riesgo y por los recientes hechos que han puesto bajo presión a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. El ministro aseguró que las autoridades están adoptando medidas para proteger a la población, al establecimiento penitenciario y a los guardianes que trabajan en el lugar.
Cancino fue enfático al señalar que el Gobierno no modificará su estrategia por las intimidaciones que se han conocido alrededor de los traslados. “Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones ni ante la violencia”, afirmó el jefe de la cartera de Justicia.
El pronunciamiento llega después de varios episodios que han elevado las alertas en los alrededores de Palogordo. Entre ellos está el hallazgo de un cilindro en inmediaciones de la vía de acceso al penal, elemento que fue inspeccionado por técnicos antiexplosivos y cuya revisión descartó la presencia de explosivos. También han circulado mensajes amenazantes contra funcionarios del Inpec, mientras las autoridades investigan su posible relación con las estructuras criminales cuyos integrantes permanecen recluidos en el establecimiento.
La situación incluso llevó a las autoridades de Santander a solicitar un consejo de seguridad para revisar las condiciones de protección alrededor de la cárcel y las vías de acceso. El gobernador Juvenal Díaz Mateus ha planteado la necesidad de evaluar la distribución de los internos de alta peligrosidad y pidió reforzar las medidas de seguridad frente a los riesgos que puedan generarse dentro y fuera del penal.
De acuerdo con la Gobernación de Santander, las medidas de protección alrededor de Palogordo fueron reforzadas con drones y motocicletas. Además, el departamento ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a quienes estarían detrás de las amenazas contra los funcionarios penitenciarios. Estas acciones se suman a las investigaciones que adelantan las autoridades para establecer el origen de las intimidaciones.
La preparación de Palogordo para recibir a población privada de la libertad considerada de alto riesgo también ha sido revisada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC. A comienzos de septiembre, esa entidad verificó las condiciones de infraestructura, seguridad y operación del pabellón de alta seguridad Nivel 1, diseñado para atender internos clasificados como de alto riesgo y equipado con sistemas especializados de control y vigilancia.
En ese contexto, el Gobierno sostiene que los traslados buscan impedir que estructuras criminales continúen ejerciendo control o coordinando actividades delictivas desde las cárceles. La administración nacional ha defendido estas operaciones como parte de una estrategia para recuperar el control penitenciario y cortar las comunicaciones y redes que puedan utilizar los internos para mantener influencia criminal desde los centros de reclusión.
Ley de Sometimiento
Pero el ministro también se refirió a otro asunto que está relacionado con la política criminal del Gobierno: las solicitudes de organizaciones criminales que han manifestado interés en acogerse a un eventual mecanismo de sometimiento a la justicia. Cancino confirmó que se han recibido propuestas, aunque aclaró que no existe actualmente una negociación política en curso y que cualquier proceso deberá desarrollarse bajo las reglas que establezca la ley.
El proyecto de ley de sometimiento deberá pasar inicialmente por el Comité de Política Criminal y posteriormente por el Consejo de Política Criminal antes de avanzar en su trámite. Según los detalles entregados por el ministro, el mecanismo tendría carácter judicial y no implicaría reconocer estatus político a las organizaciones criminales que pretendan acogerse.
Entre las condiciones planteadas por el Gobierno aparecen la entrega de las armas y de los bienes obtenidos ilegalmente, además del suministro de información que pueda contribuir al desmantelamiento de las estructuras criminales y a la reparación de las víctimas. También se contempla información relacionada con rutas utilizadas por las organizaciones, cultivos ilícitos, personas desaparecidas o secuestradas, hechos de corrupción y posibles conexiones políticas.
Mensaje directo del Gobierno Nacional
Así, mientras las autoridades mantienen bajo vigilancia la situación de seguridad en Palogordo, el Gobierno insiste en que el control de las cárceles no estará sujeto a presiones de las organizaciones criminales. Para el ministro Cancino, quienes incurran en nuevos hechos violentos deberán responder ante la justicia y el Estado utilizará las herramientas legales disponibles para garantizar el orden.
El mensaje desde Girón es directo: las cárceles serán escenario de cumplimiento de las decisiones judiciales y no espacios desde los cuales las estructuras criminales puedan continuar ejerciendo control sobre sus organizaciones.
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