Pese al anuncio realizado por la Gobernación de Santander sobre un supuesto acuerdo para restablecer el cobro en los peajes de Curos y Curití el próximo 30 de julio, los líderes de la protesta aseguraron que no existe una decisión definitiva y que las talanqueras permanecerán levantadas mientras Invías no demuestre avances reales en las obras más críticas del corredor vial.
El secretario del Interior de Santander, general (r) Óscar Hernández, manifestó que la intención del Gobierno Departamental es materializar un acuerdo para que, de manera simultánea, los peajes de Curos y Curití retornen a la normalidad el próximo 30 de julio, e incluso confió en que posteriormente también pueda lograrse el mismo consenso en el peaje de Oiba.
Sin embargo, esa versión fue desvirtuada por los voceros del movimiento ciudadano.
Ramiro Anaya, representante de Asolivianos y uno de los líderes de la protesta en el peaje de Curos, confirmó que durante la reunión realizada en Bucaramanga participaron delegados de Invías, la Procuraduría, la Gobernación de Santander, la Defensoría del Pueblo, los contratistas y representantes del Comité de Transportadores y Comunidades de la Ruta 45A.
Explicó que allí se acordó otorgar tres meses al nuevo Gobierno Nacional para avanzar en soluciones de fondo sobre la Ruta 45A, pero dejó claro que ese gesto de buena voluntad dependerá del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Invías.
Según Anaya, la principal preocupación sigue siendo el kilómetro 53, en el sector de Pescadero, donde el deslizamiento mantiene restringido el paso del transporte pesado.
El dirigente aseguró que actualmente no observa trabajos permanentes en ese punto y advirtió que, si las obras no avanzan, la decisión de habilitar nuevamente los peajes podría reversarse.
"Nosotros tenemos voluntad, pero si ellos no cumplen, no vamos a bajar la guardia. Si bajo presión no hacen las obras, mucho menos cuando se levanten las talanqueras", afirmó.
Anaya también alertó que cada tractomula que debe utilizar rutas alternas por el Magdalena Medio estaría asumiendo pérdidas cercanas a los dos millones de pesos, entre combustible, peajes y desgaste mecánico, situación que también golpea la economía de restaurantes, lavaderos y pequeños negocios ubicados sobre el corredor vial.
No obstante, la postura más contundente llegó desde el peaje de Curití.
Deiby Cárdenas, vocero de los transportadores en protesta, aseguró que nunca autorizó un acuerdo para desmontar las talanqueras y afirmó que la reunión convocada por la Gobernación tenía únicamente el propósito de garantizar el derecho a la protesta y reactivar el diálogo.
Según explicó, durante ese encuentro Invías volvió a plantear el levantamiento de las protestas, propuesta con la que dijo no estar de acuerdo.
"No se bajan las talanqueras. Ahora menos con lo que está ocurriendo en Pescadero", sostuvo.
Cárdenas cuestionó además que el Instituto continúe anunciando estudios y futuras intervenciones mientras, según él, no existen frentes de obra suficientes para atender las emergencias más graves del corredor.
El dirigente también manifestó preocupación por la posibilidad de que se expidan nuevas resoluciones restringiendo el paso del transporte de carga pesada, sin que previamente se garantice una solución para la banca afectada.
A su juicio, levantar las talanqueras en estas condiciones significaría perder el principal mecanismo de presión que ha permitido mantener vigente la discusión sobre la Ruta de los Comuneros y el cumplimiento de los compromisos firmados con el Gobierno Nacional.
Mientras la Gobernación insiste en lograr un acuerdo antes del 30 de julio, los líderes del movimiento coinciden en que la protesta continuará hasta que las promesas se traduzcan en maquinaria trabajando, obras visibles y soluciones definitivas para uno de los corredores viales más importantes del oriente colombiano.
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