San Gil, Santander. Aunque el proceso de revisión de los avalúos catastrales rurales en San Gil ya dejó una primera resolución oficial con ajustes en los valores, el malestar de parte de la comunidad continúa creciendo. Líderes ciudadanos, presidentes de juntas de acción comunal y propietarios de predios aseguran que las nuevas cifras siguen estando por encima de la realidad económica del territorio y denuncian falta de participación efectiva en las mesas técnicas adelantadas con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
La controversia se intensificó luego de la reunión realizada el pasado 28 de abril en Bucaramanga, donde el IGAC presentó los nuevos valores ajustados para diferentes zonas rurales del municipio. Según explicó Marcela Gualdrón, una de las ciudadanas afectadas, la comunidad conoció la reunión “por casualidad” y no mediante una convocatoria formal, pese a que previamente se había acordado que los habitantes participarían activamente en el proceso de revisión.
“Nos mostraron una tabla con los nuevos valores y prácticamente nos dieron 15 minutos para decidir si estábamos de acuerdo o no”, afirmó Gualdrón, señalando que se trata de una decisión que afecta a más de 4.200 predios rurales en San Gil.
La líder aseguró que, aunque la Administración Municipal sí realizó reuniones previas en las veredas y recopiló cerca de 950 reclamaciones, los voceros comunitarios no volvieron a ser convocados posteriormente para revisar los análisis técnicos adelantados por el IGAC. Según indicó, esto generó una fuerte sensación de exclusión en el proceso.
Por su parte, el secretario de Hacienda de San Gil, Germán Yesid Anaya, confirmó que el municipio ya recibió la Resolución 046 del 4 de mayo de 2026, documento mediante el cual se ajustaron los incrementos en 20 de las 24 zonas homogéneas geoeconómicas rurales del municipio.
El funcionario explicó que los nuevos valores representan una reducción importante frente a los avalúos inicialmente establecidos y aseguró que estos cambios impactarán positivamente el cobro del impuesto predial rural. Sin embargo, reconoció que persisten dudas sobre varias zonas.
“La comunidad conoce el territorio y considera que en 11 zonas todavía existen valores desproporcionados. Por eso vamos a continuar este proceso de revisión para consolidar una base catastral seria, equilibrada y equitativa”, manifestó Anaya.
Uno de los principales reclamos de los líderes rurales tiene relación con los valores comerciales reales de la tierra. Según los representantes comunitarios, muchas hectáreas continúan apareciendo con precios superiores a los que realmente se manejan en el mercado campesino.
Tras las inconformidades expuestas en Bucaramanga, el IGAC acordó realizar una nueva mesa de trabajo el próximo 10 de junio, donde se revisarán nuevamente las zonas cuestionadas y se permitirá una mayor participación de las comunidades.
El debate sobre los avalúos rurales en Santander tomó fuerza desde febrero de 2026, cuando cientos de propietarios rurales denunciaron incrementos excesivos en municipios como San Gil, Barichara, Cabrera, Páramo y Curití. Las protestas derivaron incluso en movilizaciones y mesas de diálogo con la Gobernación de Santander, alcaldías y el IGAC.
El tema ha generado preocupación debido a que los avalúos catastrales impactan directamente obligaciones tributarias como el impuesto predial y las declaraciones de renta, especialmente en zonas donde los habitantes aseguran que los valores definidos por el Estado no corresponden a la realidad económica del campo santandereano.
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