El movimiento Dignidad Minera emitió una alerta ante el incumplimiento de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena la delimitación del páramo de Santurbán.
La polémica por la delimitación se mantiene porque, según Ivonne González, vocera y veedora del Comité de Dignidad Minera y presidenta del Consejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Lebrija, en el informe de la Procuraduría General de la Nación se evidencia que los incumplimientos ya superan los ocho años.
“Ellos hacen una alerta donde llevan más de ocho años de incumplimiento, de desacato, 2.930 días de desacato”, afirmó González, quien además cuestionó la falta de avances en el proceso de delimitación y señaló que el tema ha sido utilizado con fines políticos.
La líder ambiental indicó que el Ministerio Público decidió remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe posibles responsabilidades de funcionarios públicos que, según señaló, habrían obstaculizado el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.
Asimismo, criticó la participación de algunos exfuncionarios del sector ambiental en movilizaciones relacionadas con Santurbán, argumentando que durante sus periodos de gestión no se concretaron acciones efectivas para garantizar la protección del ecosistema.
Ministerio de Ambiente no entregó informe solicitado
En el documento presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo informaron que no recibieron el informe oficial de evaluación correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2026 por parte del Ministerio de Ambiente. Por ello, el Ministerio Público indicó que tuvo que basar su análisis en la información disponible en el micrositio web “Santurbán Avanza” y en los datos aportados durante una mesa técnica realizada el 23 de abril.
El informe advierte que esta situación se ha repetido desde 2019 y ha generado retrasos en la supervisión del cumplimiento de la sentencia, además de afectar el acceso oportuno a la información por parte de las comunidades y demás actores involucrados.
Preocupación por retrasos en la fase de participación
En la evaluación, el Ministerio Público expresó especial preocupación por los incumplimientos registrados durante la fase de participación ciudadana contemplada en la sentencia.
Según el cronograma del Ministerio de Ambiente, durante los primeros cuatro meses de 2026 debían realizarse mesas de trabajo en 15 municipios de la zona de influencia del páramo. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada en el micrositio oficial, dichas actividades no se llevaron a cabo en los tiempos previstos.
Para la Procuraduría y la Defensoría, estos retrasos afectan el cumplimiento integral de la orden judicial y prolongan la incertidumbre sobre la delimitación definitiva de uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país.
Ecosistema bajo protección especial
El Ministerio Público recordó que el páramo de Santurbán es un área de especial protección ambiental, amparada por la Constitución y por la Ley 99 de 1993, debido a su importancia para el abastecimiento de agua de miles de habitantes de Santander y Norte de Santander.
Por ello, insistió en que las órdenes de la Corte Constitucional tienen carácter obligatorio y deben ser cumplidas de manera integral, oportuna y eficaz por todas las autoridades involucradas.
Mientras se espera una respuesta oficial de las entidades competentes y nuevos pronunciamientos judiciales, las organizaciones sociales, ambientales y comunitarias continúan exigiendo avances concretos en un proceso que, nueve años después del fallo, sigue sin una delimitación definitiva del páramo de Santurbán.
¿Delimitación en veremos?
Las comunidades de la región Soto Norte siguen a la expectativa respecto a la delimitación del páramo de Santurbán, según la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, porque se presentó una impugnación que afectaba directamente a campesinos.
¿La socialización se ha hecho?
Las comunidades aseguran que el proceso se ha concertado, pero, según el movimiento Dignidad Minera, este año las reuniones han sido escasas y eso ha generado incertidumbre.
¿Qué viene?
Con el llamado del Ministerio Público se espera que el Ministerio de Ambiente adelante acciones para lograr la delimitación y protección del páramo de Santurbán.
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