Las actividades de explotación minera continúan siendo objeto de vigilancia por parte de las autoridades ambientales debido a los riesgos que pueden generar sobre las fuentes hídricas, los ecosistemas y las comunidades cuando se desarrollan por fuera de los parámetros establecidos.
En Santander, la protección de la cuenca del río Fonce y de sus afluentes se ha convertido en una prioridad para las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental.
En este contexto, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) impuso una medida preventiva de suspensión inmediata a actividades de explotación minera que se estarían desarrollando en zonas no autorizadas correspondientes al título minero DAO-151. Además, la entidad inició un proceso sancionatorio ambiental de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024.
La decisión se produjo luego de una visita de control y vigilancia ambiental realizada por profesionales de la corporación, en respuesta a solicitudes y denuncias presentadas por habitantes de la vereda Baraya, en el municipio de El Socorro; el sector El Hoyo, en Cabrera; y la vereda Baraya, en Palmar.
Durante la inspección, los funcionarios evidenciaron actividades relacionadas con la explotación de materiales de construcción. Sin embargo, al verificar los diferentes frentes de explotación, encontraron que estas labores se estarían desarrollando por fuera del polígono autorizado tanto por la Agencia Nacional de Minería como por la autoridad ambiental competente.
Como consecuencia, la CAS ordenó la suspensión inmediata de las actividades en las áreas no autorizadas mientras avanza el respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental.
Riesgos para la cuenca del río Fonce y las comunidades
La autoridad ambiental advirtió que el desarrollo de actividades mineras fuera de las zonas autorizadas puede ocasionar impactos significativos sobre los recursos naturales y las poblaciones asentadas en el territorio, especialmente en áreas de influencia de la cuenca del río Fonce.
Según la CAS, estas intervenciones tienen el potencial de afectar de manera directa las microcuencas y los afluentes que desembocan en este importante río, generando alteraciones en ecosistemas estratégicos para la región.
Asimismo, podrían comprometer actividades económicas como la agricultura, afectar la disponibilidad del recurso hídrico y repercutir en el bienestar de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua para sus actividades cotidianas y productivas.
Finalmente, la CAS reiteró su posición frente a la protección ambiental y la vigilancia de las actividades extractivas en el departamento.
“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de los recursos naturales, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la atención oportuna de las denuncias presentadas por las comunidades del departamento. Continuaremos realizando seguimiento técnico y acciones de control ambiental con el fin de prevenir daños ambientales y garantizar que las actividades extractivas se desarrollen conforme a criterios de sostenibilidad ambiental y respeto por el territorio”, agregó la autoridad ambiental santandereana.
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