En San Gil crece la preocupación frente al proceso electoral de las Juntas de Acción Comunal (JAC) que se realizará este 26 de abril, ya que cerca del 20% de las juntas existentes no podrá participar debido a inconsistencias en su organización interna y fallas en el cumplimiento de los requisitos legales.
Actualmente, el municipio cuenta con 106 juntas, de las cuales 27 son rurales y el resto pertenecen al sector urbano. Sin embargo, según líderes comunales, varias no lograron completar correctamente el proceso previo a las elecciones, lo que impediría su participación en los comicios.
De acuerdo con lo expuesto por Mónica Guerrero, presidenta de Asojuntas San Gil, pese a las múltiples capacitaciones realizadas por entidades municipales, departamentales y nacionales, persisten errores que hoy generan “vicios de forma” en varias juntas. Estos incluyen afiliaciones fuera del tiempo permitido, uso de libros desactualizados y fallas en los procedimientos establecidos por la ley.
Uno de los puntos críticos es que desde el 10 de abril quedó prohibida cualquier nueva afiliación, por lo que solo podrán votar y ser elegidos quienes ya estén registrados formalmente en los libros de cada junta. Esta restricción ha generado confusión, ya que muchas personas creen que todos los habitantes de un barrio hacen parte automáticamente de la JAC, lo cual no es cierto.
Además, se advierte que varias juntas podrían quedar inhabilitadas temporalmente, lo que implicaría la necesidad de realizar elecciones extemporáneas en los meses siguientes. Este proceso, aunque permitido por la normativa vigente, retrasa la organización comunitaria y limita la participación en decisiones clave.
Las elecciones no solo definirán presidentes, sino toda una estructura organizativa, compuesta por al menos cinco bloques, que incluyen cargos directivos, fiscales, comisiones de trabajo, conciliadores y delegados. En total, pueden elegirse hasta 30 dignatarios por junta, lo que evidencia la importancia del proceso para la gestión comunitaria.
Desde Asojuntas también se hizo un llamado a fortalecer el sentido de pertenencia, especialmente en el sector urbano, donde la participación suele ser menor en comparación con las zonas rurales. Allí, según líderes, las comunidades muestran mayor organización y compromiso.
Otro aspecto relevante es que, tras las elecciones, las juntas que no elijan dignatarios quedarán sin representación legal, lo que limita su capacidad para gestionar proyectos y recursos ante entidades públicas y privadas.
Este proceso se enmarca en lo establecido por la Ley 2166 de 2021, que regula la organización comunal en Colombia y busca fortalecer la participación ciudadana. Según el Ministerio del Interior, las JAC son fundamentales para la gestión comunitaria, la ejecución de proyectos locales y el fortalecimiento del tejido social en los territorios.
La expectativa ahora está puesta en el desarrollo de la jornada electoral y en la capacidad de las comunidades para corregir errores y garantizar procesos transparentes. Mientras tanto, las autoridades y líderes comunales insisten en que el objetivo no es generar alarma, sino promover elecciones ordenadas, legales y participativas que beneficien a todo San Gil.
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