Una nueva polémica se desató en Santander en medio de las protestas que afectan la movilidad en la Ruta 45A, uno de los corredores viales más importantes del país. El cierre de las básculas de pesaje en tramos como Curos–San Gil y Saboyá–Oiba ha encendido el debate entre ciudadanos, transportadores y autoridades, debido al posible aumento del riesgo de accidentalidad.
La alerta fue emitida por el ciudadano Marco Angarita, quien a través de un derecho de petición enviado el pasado 10 de abril solicitó la intervención de entidades como el Invías, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En su pronunciamiento, advierte que la falta de control sobre el sobrepeso de vehículos de carga podría generar siniestros viales, especialmente en una región que históricamente ha registrado altos índices de accidentes.
Las básculas cumplen una función clave dentro del sistema vial: verificar que los vehículos no excedan los límites de carga establecidos por la normativa nacional, como la Resolución 2498 del Ministerio de Transporte. Su operación permite reducir el deterioro de la infraestructura y prevenir emergencias en carretera.
Sin embargo, desde el sector transportador la visión es distinta. Ramiro Anaya, representante de Asolivianos, asegura que abrir las básculas en medio de la protesta no solucionaría el problema de fondo. Según explica, la ubicación actual de estos puntos de control facilita la evasión a través de vías terciarias, donde incluso se estarían generando cobros ilegales o “minipeajes” para evitar los controles.
“El problema no es solo el sobrepeso, sino la falta de inversión y el mal estado de la vía”, señaló Anaya, quien también cuestionó la ausencia de obras estructurales en este corredor estratégico.
El trasfondo de esta situación está ligado a una protesta que ya completa cerca de siete meses, en la que transportadores y comunidades exigen intervención urgente en la Ruta 45A. Entre sus principales reclamos se encuentra la falta de mantenimiento, el deterioro de la malla vial y el uso de los recursos recaudados en peajes, que según denuncian, no se han traducido en mejoras visibles.
De acuerdo con cifras conocidas en mesas de diálogo, entre 2017 y 2024 se habrían recaudado cerca de 800 mil millones de pesos en este corredor, lo que ha incrementado la presión ciudadana para exigir inversión real.
Además, otro punto crítico es la falta de avance en proyectos como la variante de San Gil, considerada una solución estructural para reducir la carga vehicular dentro del municipio y mejorar la seguridad vial.
Mientras tanto, las autoridades han anunciado nuevas mesas de diálogo, con una posible reunión clave hacia el 15 de mayo, donde se esperan propuestas concretas.
En pocas palabras, el cierre de las básculas refleja un conflicto más profundo: la tensión entre la seguridad vial inmediata y una protesta que exige soluciones estructurales a una problemática que lleva años sin resolverse en el sur de Santander.
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