El sueño de tener un techo digno y propio se quedó en eso, en ilusión para 158 familias del municipio de Barbosa, Santander, quienes esperaban que se hiciera realidad un proyecto de vivienda de interés social en la vereda Cristales.
Son familias de escasos recursos que entregaron sus ahorros a un supuesto urbanizador, el cual los dejó viendo un “chispero”,
En total estas personas entregaron 1.220 millones de pesos, según la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación.
A ellos les dijeron que se iban a construir viviendas de interés social y para ello debían entregar dinero a manera de ahorro.
Sin embargo, todo quedó en un proyecto frustrado, pese a que el dinero se había entregado en un lapso de 13 años, entre 2010 y 2023.
Por esa razón, un Juez imputó cargos por estafa agravada en masa y urbanización ilegal contra Luis Daniel Sánchez Suárez, quien no aceptó los cargos..
El terreno tenía restricciones para construir viviendas
Según la Fiscalía, desde 2009 una asociación sin ánimo de lucro, representada por Luis Daniel Sánchez Suárez, habría promovido la adquisición de predios con el propósito de adelantar un proyecto de autoconstrucción de viviendas.
Los aportes realizados por las familias oscilaron entre 500.000 y 28 millones de pesos. Los pagos se habrían efectuado mediante diferentes mecanismos, entre ellos la suscripción de contratos, la vinculación a comités y el pago de cuotas de administración.
Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación se estableció, según la Fiscalía, que los terrenos ofrecidos se encontraban en una propiedad de Sánchez Suárez que tenía uso de suelo destinado al desarrollo agropecuario tradicional y restricciones ambientales.
El ente investigador concluyó que estas condiciones impedían, de acuerdo con la investigación, desarrollar allí el proyecto urbanístico ofrecido a las familias.
Habrían continuado con la comercialización
La Fiscalía sostiene que el promotor de la iniciativa y propietario del terreno al parecer conocía las restricciones existentes y, pese a ello, habría continuado con la comercialización de los lotes.
Además, el ente acusador señaló que tampoco se contaba con los permisos requeridos por la administración municipal para adelantar el proyecto de vivienda.
La investigación fue consolidada a partir de varias noticias criminales relacionadas con las denuncias de las familias que entregaron sus recursos con la expectativa de acceder a un lote para construir una vivienda de interés social.
Fiscalía imputó dos delitos
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander de la Fiscalía General de la Nación imputó a Luis Daniel Sánchez Suárez los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal.
Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que fueron ofrecidos y comercializados los terrenos, así como el destino de los recursos entregados por las familias que participaron en la iniciativa.
Claves del tema, en tres preguntas:
1. ¿Cuánto dinero habrían entregado las familias para adquirir los lotes?
Según la Fiscalía, 158 familias entregaron más de $1.220 millones entre 2010 y 2023, con aportes individuales que oscilaron entre $500.000 y $28 millones.
2. ¿Por qué los lotes no podían ser utilizados para construir viviendas?
La investigación señala que los terrenos tenían uso de suelo agropecuario y restricciones ambientales, condiciones que impedían desarrollar el proyecto urbanístico de vivienda de interés social ofrecido a las familias.
3. ¿Qué delitos le imputó la Fiscalía al investigado?
Un fiscal de la Seccional Santander le imputó a Luis Daniel Sánchez Suárez los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal. El procesado no aceptó los cargos.
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