Procurador General de la Nación

Exalcaldesa de Gámbita enfrenta cargos por millonario contrato de ferias

Aidubby Juliana Mateus Espitia

El organismo de control investiga un convenio por cerca de 250 millones de pesos, que presuntamente fue suscrito sin estudios previos, planeación adecuada ni soportes técnicos suficientes.

Redes de Aidubby Mateus La Procuraduría investiga si el convenio por cerca de $250 millones fue suscrito sin la debida planeación ni estudios previos.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exalcaldesa de Gámbita, Santander, Aidubby Juliana Mateus Espitia (2020-2023), y la exsecretaria de Gobierno, Diana Marcela Camacho Vanegas, por presuntas irregularidades en un proceso contractual relacionado con la organización de las ferias y fiestas del municipio.

La investigación, adelantada por la Procuraduría Provincial de San Gil, busca establecer si durante la vigencia 2023 la entonces mandataria suscribió un convenio por $249.745.210 con una cooperativa de trabajo asociado para ejecutar actividades artísticas, culturales y deportivas, presuntamente sin contar con estudios previos ni una adecuada planeación contractual.

De acuerdo con el organismo de control, también se investiga si la exsecretaria de Gobierno elaboró y suscribió los estudios previos del contrato sin los soportes técnicos y económicos necesarios, lo que habría impedido verificar la justificación del presupuesto establecido para el convenio.

Además, la Procuraduría analiza la posible ausencia de un estudio de mercado y de un análisis del sector, documentos considerados fundamentales para garantizar la transparencia, la planeación y el uso adecuado de los recursos públicos.

El Ministerio Público calificó de manera provisional la conducta atribuida a ambas exfuncionarias como una falta gravísima cometida a título de culpa grave, dentro del proceso disciplinario que continúa en etapa de investigación.

Con la formulación del pliego de cargos, la Procuraduría inicia una nueva fase del proceso, en la que las investigadas podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas y argumentos que consideren pertinentes antes de que se adopte una decisión de fondo.