De manera voluntaria llegaron a la Estación de Policía de San Andrés (Santander) los hermanos Francisco Javier Riátiga Rey y Jonathan Leonardo Riátiga Barón, señalados como presuntos responsables del asesinato del patrullero de la Policía Nacional Hervin Oswaldo Orduz Pérez, ocurrido en ese municipio de la provincia de García Rovira.
El crimen, que generó consternación y rechazo en la región, se registró cuando el uniformado se encontraba disfrutando de un permiso, y fue atacado por hombres armados en la vía que comunica San Andrés con Málaga.
La víctima no se encontraba en servicio al momento del ataque, lo que ha incrementado la indignación ciudadana.
Uno de los aspectos que más ha impactado a la comunidad es que el patrullero Orduz Pérez estaba acompañado de su hijo de apenas 4 años, quien presenció el violento hecho y, afortunadamente, resultó ileso. Este detalle ha sido determinante para que el caso despierte un amplio rechazo social.
Tras conocerse el homicidio, las autoridades desplegaron un operativo especial para dar con el paradero de los responsables.
Además, se celebró un consejo extraordinario de seguridad en el que se determinó, como parte de las acciones, ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quienes suministraran información que permitiera su captura, lo que evidenció la prioridad del caso.
De manera paralela, la Alcaldía de San Andrés, con la participación de la Fuerza Pública, evaluó la situación del orden público y definió estrategias urgentes para esclarecer el crimen y evitar nuevos hechos de violencia en la zona.
Entre las medidas adoptadas se destacó el fortalecimiento de los operativos de control en corredores viales y zonas rurales del municipio, así como el incremento de la presencia policial, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los habitantes y recuperar la tranquilidad del territorio.
Autoridades refuerzan la seguridad en el municipio de San Andrés, Santander
Las autoridades locales reiteraron su compromiso de no permitir que este tipo de hechos alteren la convivencia en San Andrés, un municipio históricamente considerado tranquilo, aunque en los últimos meses ha mostrado señales de preocupación por la posible presencia de actores criminales.
La entrega de los dos señalados marca un avance significativo en la investigación, permitiendo a las autoridades judiciales avanzar en el esclarecimiento de los móviles y circunstancias que rodearon el asesinato del uniformado.
Ahora será la justicia la encargada de definir la situación jurídica de Francisco Javier Riátiga Rey y Jonathan Leonardo Riátiga Barón, quienes deberán responder por los delitos que les sean imputados en el marco de este caso que ha conmocionado a Santander.
Entretanto, la comunidad de la provincia de García Rovira continúa exigiendo resultados contundentes y garantías de seguridad, mientras familiares, amigos y compañeros del patrullero asesinado reclaman justicia por un crimen que ha dejado una profunda huella de dolor en la región.
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