La Procuraduría General de la Nación sancionó con tres meses de suspensión al concejal de El Socorro, Santander, Oscar Duarte Mantilla, tras concluir que incurrió en un trato irrespetuoso contra un funcionario público durante una sesión virtual de control político realizada en 2021.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil, que en fallo de primera instancia determinó que el cabildante incumplió sus deberes como servidor público al dirigirse de manera desobligante al entonces secretario de Tránsito y Transporte del municipio, Javier Cala, en medio de una discusión durante una sesión desarrollada por plataformas digitales.
Los hechos ocurrieron en plena etapa de transición derivada de la pandemia por COVID-19, periodo en el que las corporaciones públicas continuaban adelantando sus reuniones de manera virtual para evitar aglomeraciones y mantener las medidas sanitarias.
Palabras subidas de tono
Durante un debate de control político, el concejal elevó el tono de su intervención mientras cuestionaba presuntas irregularidades en procedimientos de tránsito adelantados por la dependencia municipal.
De acuerdo con el expediente disciplinario, Duarte Mantilla expresó frases como: “A ver señor secretario, usted no sea igualado, no venga aquí a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer… No venga aquí a faltarnos al respeto”, palabras que, según el Ministerio Público, constituyeron un comportamiento contrario a los principios que deben regir el actuar de los servidores públicos.
Además de las expresiones señaladas en el fallo, durante la sesión el concejal también reclamó en repetidas ocasiones al secretario Javier Cala por, según él, no responder de manera clara las preguntas que estaban siendo formuladas por los integrantes del Concejo municipal.
El intercambio de señalamientos y el aumento de la tensión entre ambos funcionarios generó un fuerte cruce de palabras en medio de la reunión virtual.
La situación escaló al punto de afectar el normal desarrollo del debate de control político, razón por la cual la sesión tuvo que ser suspendida.
El episodio quedó registrado dentro del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría y fue tenido en cuenta como parte del contexto de los hechos analizados por el ente de control.
La Procuraduría sostuvo que el concejal vulneró el principio de moralidad administrativa, el cual exige que quienes ejercen funciones públicas mantengan conductas respetuosas, imparciales y ajustadas a la rectitud en el ejercicio de sus cargos.
El organismo también señaló que el funcionario tenía el deber de conservar un trato digno hacia las personas con las que sostiene relaciones de servicio, incluso en escenarios de tensión o confrontación política.
Dentro del fallo, la conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, una de las categorías disciplinarias más severas contempladas en la normativa vigente para servidores públicos.
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