El 16 de mayo de 1998, Barrancabermeja fue el epicentro del horror del conflicto armado que se vivía en Colombia, con la Masacre de Barranca, que dejó siete personas asesinadas y más de 25 desaparecidas de las cuales aún no se conoce el paradero de 15, cuyos familiares aún buscan esclarecer el destino de sus seres queridos.
En apartes de audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se conoció que varios exmilitares reconocieron su participación en los hechos, argumentando que actuaron bajo órdenes de sus superiores. Sus declaraciones permiten reconstruir el orden de mando que dio origen a una de las masacres más recordadas en Santander y en el país por la magnitud de la violencia, volviendo a poner sobre la mesa los hechos ocurridos a finales de la década de 1990.
Durante estos 28 años, también se han conocido versiones de paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz, declaraciones con las que se ha constatado lo que ahora relatan los militares ante la JEP. Este sería el caso de Mario Jaimes Mejía, alias “Panadero”, quien señaló que los militares habrían ayudado en la organización de la masacre mucho antes de la fecha de los hechos.
Según sus declaraciones, la masacre se habría realizado como medida para incursionar en el puerto petrolero y acabar con la guerrilla, siguiendo órdenes de su comandante Camilo Morantes.
“Según declaraciones de Mario Jaimes Mejía, alias “Panadero”, y Fremio Sánchez Carreño, alias “Esteban”, esta masacre fue planificada desde 1997 en reuniones facilitadas por el entonces subjefe de seguridad de Ecopetrol, donde se coordinó con organismos de inteligencia del Estado y paramilitares la ejecución de la masacre”, se lee en un especial de la Comisión de la Verdad sobre Barrancabermeja.
La masacre, que se desarrolló principalmente en la comuna siete, evidencia una omisión de los militares en el deber de protección según lo evidencia el documento entregado por la Comisión: “dejaron de hacer presencia en el retén en el sitio conocido como La Ye o El Retén, facilitando la entrada y salida de los paramilitares a los barrios El Campestre, El Campín, María Eugenia, Nueve de Abril y Villarelis, en la ruta principal entre Bucaramanga y el centro de Barrancabermeja, lo que demuestra responsabilidad por omisión”.
“Todo el que no querían, lo mataban ahí. Llegaron con lista en mano y seleccionaban a las personas vinculadas a procesos políticos o sociales, señaladas como parte de la insurgencia. Eso es lo que siempre han dicho tanto el Ejército como la inteligencia militar”, aseguró un líder social de la ciudad a la Comisión de la Verdad.
Esto declararon los exmilitares ante la JEP
En videos que fueron compartidos, los exmilitares reconocieron ante la JEP su participación en la masacre, mencionando que actuaron bajo órdenes de sus superiores y que durante años mantuvieron silencio sobre los hechos.
"La cara de la vergüenza que tengo yo, porque tener que tapar uno tantas cosas, durante tanto tiempo, una simple orden que me dieron y de verdad, yo me disculpo con todos ustedes, con los señores de las víctimas. Estaba en una institución donde me daban una orden y uno cumplía la orden que le daba su comandante. No saque el retén, no haga, no se mueva, básicamente fue lo que hice", afirmó el capitán (r) del Ejército Nacional, Álvaro Daza.
En la audiencia también estuvieron otros comparecientes quienes relataron con detalle cómo se ejecutaron los ataques, la selección de víctimas y la omisión en puntos de control que permitió la entrada de los paramilitares a los barrios afectados.
"Nunca dijimos las reuniones que tuvieron con el comandante del batallón y con el 3 (oficial encargado de planear y coordinar las misiones de la unidad militar, asegurando que las órdenes del comandante se cumplan), porque ahí es donde nos involucrábamos nosotros y teníamos una omisión, ¿sí? Entonces eso lo tapamos, toda la vida lo hemos tapado hasta hoy", mencionó el mayor (r) Oswaldo Prada Escobar.
Estas audiencias hacen parte de la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que únicamente quienes están vinculados a procesos ante la justicia ordinaria por hechos relacionados con el conflicto armado pueden solicitar ser juzgados por la justicia transicional, siempre y cuando colaboren aportando verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
A cambio de ese aporte de verdad y responsabilidad, la JEP puede imponer sanciones como penas de restricción de libertad de menor duración o sanciones alternativas, en lugar de sentencias tradicionales más altas que se aplicarían si no se cumple con el régimen de condicionalidad.
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