Por estar presuntamente involucrados en un caso de corrupción durante el desarrollo del proyecto de modernización del Colegio Tecnológico Dámaso Zapata, la Fiscalía General de la Nación informó que ya fueron judicializadas dos de las cinco vinculadas al proceso, que busca establecer responsabilidades por las irregularidades en el contrato de obra firmado en 2021.
El ente acusador judicializó a Pedro Beltrán Dulcey, quien se desempeñó como interventor de la obra del Colegio Tecnológico Dámaso Zapata. El contrato fue suscrito inicialmente por cerca de 10 mil millones de pesos, pero tras varias adiciones el costo final superó los 14 mil millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, durante la ejecución del proyecto se evidenciaron irregularidades. “A lo largo de dicho proceso se incumplieron las técnicas de relleno de la cancha de fútbol y se realizó una indebida planeación frente a la demolición y remodelación de varias edificaciones”, indicó el organismo investigador.
Por su parte, Manuel Vesga Moreno también fue judicializado por su presunta responsabilidad en calidad de contratista de las obras del Tecnológico.
Este proceso también está relacionado con el hallazgo fiscal reportado por la Contraloría de Bucaramanga, entidad que advirtió posibles irregularidades en la planeación y ejecución del proyecto de modernización del Tecnológico Dámaso Zapata, situación que habría generado afectaciones en el desarrollo de las obras y en el uso de los recursos públicos.
Por estos hechos, la comunidad educativa continúa denunciando que hasta el momento no cuenta con la infraestructura prometida, luego de la demolición de edificios administrativos y de bienestar como algunos salones.
Según la investigación, el 28 de mayo de 2021 la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga suscribió con un consorcio un contrato por 10.000 millones de pesos para la remodelación de las instalaciones del Instituto Tecnológico Dámaso Zapata en la capital santandereana.
Las otras personas llamadas a responder ante la justicia serían el exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Iván Vargas; Roque Julio Oliveros, profesional de la misma dependencia que actuó como supervisor; y Álvaro Solano Aguilar, quien habría estado vinculado al proceso de interventoría del proyecto.
Según la Fiscalía, estos hechos evidenciarían "la posible vulneración de los principios de planeación, legalidad y responsabilidad en la contratación pública". Por ello, Beltrán y Vesga fueron imputados, según su eventual implicación individual, por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, cargos que no fueron aceptados por los implicados.
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