La comunidad educativa del Colegio Santa Lucía, ubicado en el barrio Bellavista de Floridablanca, enfrenta una situación que mantiene restringido el uso de la mayor parte de sus espacios recreativos y deportivos. Según informó la institución, actualmente el 97% de estas áreas se encuentra inhabilitado, una medida que afecta directamente las actividades escolares de alrededor de 200 estudiantes.
El conflicto se originó durante unas obras de mejoramiento realizadas en el colegio. De acuerdo con Nataly Arciniegas Vega, apoderada judicial de la institución, los trabajos contemplaban el cambio del piso de la cancha y el patio, además del mejoramiento del cerramiento, debido a problemas de seguridad relacionados con el ingreso de personas ajenas al plantel durante la noche.
Fue durante estas labores, en 2024, cuando el arquitecto encargado detectó una tubería de gas ubicada dentro de las instalaciones educativas.
La institución asegura que hasta ese momento desconocía la existencia de la infraestructura y que nunca había recibido información sobre labores de mantenimiento o seguimiento relacionadas con esa red.
Según Arciniegas, tras informar a Metrogas, la empresa inspeccionó la tubería y confirmó que no había sufrido daños durante la intervención. Sin embargo, posteriormente se solicitó detener las obras y mantener restringido el acceso a la zona donde se encuentra la red.
Impactó en los estudiantes
El impacto para el colegio ha sido significativo. La institución señala que el área afectada, de aproximadamente 433 metros cuadrados, es utilizada para los descansos de los estudiantes y las clases de educación física, además de otras actividades lúdicas.
La representante jurídica también cuestionó que, al revisar los antecedentes del predio, no se habría encontrado una servidumbre legalmente constituida en el folio de matrícula inmobiliaria.
El inmueble, según explicó, fue entregado hace aproximadamente 40 años en comodato a la comunidad religiosa que administra el colegio, la parroquia Santa Lucía.
¿Qué dice Metrogas?
La controversia escaló posteriormente al ámbito jurídico. Ante la negativa del colegio de asumir los costos asociados al traslado de la tubería, Metrogas habría iniciado una querella policiva, argumentando que se realizaron obras sin las licencias urbanísticas requeridas.
Metrogas sostiene que se trata de un asunto de seguridad
Frente a los señalamientos del colegio, Metrogas aseguró que las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios de seguridad y a decisiones de las autoridades competentes.
La empresa sostiene que el colegio ejecutó obras de ampliación sin contar con las licencias urbanísticas necesarias y que algunas intervenciones se realizaron sobre el corredor de la red de gas.
Según Metrogas, esta situación generó un riesgo, debido a que dicha infraestructura requiere un espacio libre para inspecciones, mantenimiento, atención de emergencias y otras labores operativas.
La compañía también afirmó que el colegio conocía la existencia de la red desde años atrás, señalando como respaldo oficios enviados en 2020 y 2024, además de la presencia de señalización visible en el lugar.
La empresa indicó que su actuación se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales correspondientes.
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