La Gobernación de Santander solicitó la intervención inmediata de la Superintendencia Nacional de Salud para reforzar el control sobre las EPS y garantizar la entrega oportuna de medicamentos a los pacientes, luego del fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, cuyo caso ha generado conmoción en el departamento.
El pronunciamiento oficial se produjo tras conocerse las circunstancias que rodearon la atención médica del niño, quien, según denuncias de su familia, habría enfrentado demoras y dificultades para acceder a tratamientos esenciales durante su proceso de salud.
Aunque el menor residía desde hacía cerca de un año en el departamento del Huila, sus raíces familiares permanecen en Santander, donde se llevaron a cabo sus exequias en el municipio de Charalá. Allí, familiares, amigos y habitantes acompañaron el último adiós en medio de mensajes de dolor y exigencias de justicia.
Familia y Gobernación de Santander solicitan investigación del caso
Desde la administración departamental se expresó solidaridad con la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y con sus seres queridos, al tiempo que se reiteró la necesidad de adoptar medidas que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse en el sistema de salud.
La Secretaría de Salud de Santander elevó un llamado formal a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante acciones de inspección y seguimiento que obliguen a las EPS a cumplir con sus responsabilidades frente a la entrega de medicamentos y tratamientos médicos.
Las autoridades insistieron en que el acceso oportuno a los fármacos resulta fundamental, especialmente para pacientes con enfermedades de alto costo o condiciones que requieren atención continua, pues cualquier retraso puede agravar el estado clínico de los usuarios.
Asimismo, el Gobierno departamental señaló que este caso pone nuevamente sobre la mesa las falencias estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la oportunidad en la atención y la garantía efectiva del derecho a la salud.
En ese sentido, se pidió fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción contra las entidades que incumplan sus obligaciones, así como mejorar la articulación entre instituciones para evitar barreras administrativas que afecten a los pacientes y sus familias.
Finalmente, la Gobernación reiteró su compromiso de acompañar a la familia del menor y continuar insistiendo ante las autoridades nacionales para que se adopten medidas correctivas que permitan asegurar una atención digna, eficiente y oportuna para todos los ciudadanos.
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