El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, la realización de un consejo de seguridad para analizar de manera integral la situación de orden público que se viene presentando en Bucaramanga y Girón, especialmente los hechos que han afectado a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y las condiciones de seguridad alrededor de la cárcel de Palogordo.
La petición se produce después de una serie de hechos violentos que han encendido las alarmas en el departamento y que, según la Gobernación, requieren una respuesta coordinada de las autoridades nacionales. La preocupación está centrada especialmente en la seguridad de los guardianes penitenciarios, luego de amenazas y ataques registrados en las últimas semanas.
Recientes ataques a funcionarios
Uno de los antecedentes más graves ocurrió el pasado 6 de agosto, cuando fue asesinado el inspector del Inpec Efraín Quesada Urrego, quien se dirigía a iniciar su jornada laboral en la cárcel de Palogordo, en Girón. El funcionario fue atacado con arma de fuego a pocos metros del establecimiento penitenciario y falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.
A este homicidio se sumó el atentado ocurrido este viernes 18 de septiembre en el barrio Alfonso López de Bucaramanga, donde otro funcionario del Inpec fue atacado a tiros. Se trata de Derlin Fabián Chacón Páez, de 44 años, quien trabaja en el área administrativa de la Cárcel Modelo de Bucaramanga y recibió dos impactos de bala en una de sus piernas.
El ataque contra Chacón Páez ocurrió aproximadamente a las 4:24 de la tarde, en la carrera 7 con calle 43. De acuerdo con la información preliminar, el funcionario fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra y llevaban prendas y cascos del mismo color. Los responsables huyeron del lugar y ahora son buscados por las autoridades.
El funcionario fue trasladado a un centro asistencial y permanece bajo observación médica. Entre tanto, la Policía adelanta labores de vecindario y revisa las cámaras de seguridad instaladas en el sector para intentar establecer la identidad de los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo el atentado. La investigación quedó en manos del CTI de la Fiscalía.
La situación también genera preocupación entre los trabajadores del sistema penitenciario. El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP), seccional Bucaramanga, expresó su inquietud por las condiciones de seguridad de los funcionarios y pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia, al Inpec y a las autoridades locales, adoptar medidas para proteger a los trabajadores.
En medio de este panorama, las autoridades también investigan el asesinato de Andrey Mora Pérez, de 36 años, ocurrido durante la noche del jueves 17 de septiembre en Girón. El hombre trabajaba como islero en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 6,3 del Anillo Vial y fue atacado por dos hombres que llegaron al establecimiento a bordo de una motocicleta.
Mora Pérez recibió varios disparos y murió en el lugar. La Policía asumió la investigación para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables. También se busca determinar si este crimen tiene alguna relación con las amenazas conocidas recientemente en el sector, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial que vincule ambos hechos.
Consejo de seguridad urgente
Para el gobernador Juvenal Díaz, estos acontecimientos deben ser analizados dentro de un mismo contexto de seguridad y no de manera independiente. Por eso, la solicitud de un consejo de seguridad nacional busca que el Gobierno revise las condiciones actuales del departamento y defina acciones específicas frente a los riesgos que enfrentan los funcionarios penitenciarios y las comunidades cercanas a los establecimientos carcelarios.
Otro elemento que mantiene la alerta de las autoridades es la circulación de un panfleto atribuido a estructuras criminales, en el que se anuncia una supuesta alianza para rechazar los recientes traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia cárceles de máxima seguridad. La Gobernación ha advertido sobre este documento y su posible impacto en la seguridad de la región.
Uno de los puntos centrales de la preocupación es precisamente la cárcel de Palogordo, en Girón, establecimiento hacia el cual fueron trasladados internos de alta peligrosidad por disposición del Gobierno Nacional. Estos movimientos han generado nuevas alertas sobre las condiciones de seguridad en los alrededores del penal y sobre los riesgos que podrían enfrentar quienes trabajan en el establecimiento.
Con este panorama, Santander espera que el Gobierno Nacional atienda la solicitud y convoque el consejo de seguridad para revisar las amenazas, los ataques contra funcionarios del Inpec y los hechos violentos registrados en Bucaramanga y Girón.
La Gobernación busca que se establezca una estrategia conjunta entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales para reforzar la protección de los guardianes y prevenir nuevas acciones violentas, mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía y la Policía para establecer quiénes están detrás de estos hechos.
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