La Procuraduría inició una revisión de las actuaciones de algunos funcionarios de Tránsito de Girón, Santander, después de recibir denuncias sobre la posible existencia de un esquema donde se impondrían comparendos de manera irregular, mientras familiares de los mismos funcionarios estarían al frente de negocios relacionados con la reducción de estas sanciones.
Según el ente de control, se busca verificar si algunos servidores públicos habrían orientado de manera indebida a ciudadanos sobre el pago de multas, lo que podría constituir una falta disciplinaria. Para ello, la Procuraduría solicitó documentación y pruebas que permitan esclarecer los hechos.
Denuncias por imposición de comparendos
La denuncia fue dada a conocer por el exconcejal Carlos Parra, calificando la situación en tránsito de Girón como crítica. En sus declaraciones, Parra aseguró que existe un posible conflicto de interés que afecta a los conductores, al mantenerse un esquema en el que ciertos actores podrían beneficiarse económicamente tanto de la imposición de multas como de su reducción a través de empresas familiares.
La denuncia señala que a algunos ciudadanos se les habría ofrecido la opción de reducir o levantar sus multas a cambio del pago de dinero, a través de un negocio que, según la información, estaría vinculado a un familiar del funcionario.
En un video, el exconcejal Carlos Parra puso en evidencia un posible conflicto de intereses, señalando que el agente se presenta en redes sociales como propietario del Instituto de Seguridad Vial, una entidad que, según Parra, se dedicaría a gestionar la disminución de hasta la mitad de los comparendos.
Durante el video compartido, Parra increpó a uno de los agentes de Tránsito: “Usted lleva 800 comparendos en este periodo de tiempo. Además, tiene múltiples denuncias por comparendos de vehículos estacionados. Queremos que la Superintendencia de Tránsito intervenga y que se respeten los derechos de los ciudadanos”. Según el exconcejal, gran parte de esos más de 800 comparendos se habrían impuesto presuntamente de manera irregular.
La denuncia también incluyó imágenes que pertenecerían a un grupo de WhatsApp vinculado a la empresa o al negocio del hermano de uno de los agentes, en las que se puede leer: “Valor del curso frente a la letra de la infracción. Más los 30.000 pesos que se cobran por el trabajo de no hacer el curso. Sólo huella”.
Por su parte, la Procuraduría continúa recopilando información y testimonios para determinar si las actuaciones de los funcionarios implicados constituyen falta disciplinaria, "debido a lo anterior, el ente de control ha solicitado las pruebas pertinentes con el objeto de corroborar los funcionarios públicos que habrían realizado las conductas descritas para la vigencia 2025 y establecer si son constitutiva de falta disciplinaria". concluye el comunicado del ente de control.
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