Sigue el inconformismo en el municipio de Floridablanca ante el impacto que ha generado la actualización catastral, la cual es base de liquidación del impuesto predial unificado.
Por esta razón líderes comunitarios y veedurías están convocando a una movilización ciudadana, con el fin de exigir la revision al proceso.
Así lo denunció Jackeline Martínez, veedora del municipio, quien advirtió que el llamado catastro multipropósito ha provocado incrementos “desbordados” en los avalúos de predios tanto en la zona urbana como rural, afectando directamente el bolsillo de cientos de propietarios.
Según explicó la líder comunal en entrevista con Alerta Bucaramanga de RCN Radio, el avalúo de su vivienda pasó de 185 millones de pesos en 2024 a más de 1.100 millones en 2025, lo que elevó el impuesto predial de cerca de 2 millones a cifras que superarían los 14 millones de pesos.
“Esto no tiene color político, es un tema que afecta el patrimonio de todos los ciudadanos. Estamos viendo incrementos del 400%, 700% y hasta del 900% en algunos casos”, aseguró Martínez.
Antecedentes del incremento
De acuerdo con la veedora, el malestar por el predial no es nuevo en Floridablanca. Recordó que en 2014 se registró un aumento significativo en la zona urbana, mientras que en 2018 el ajuste se trasladó al sector rural. Sin embargo, afirma que la actualización catastral aplicada en 2024 ha generado el mayor impacto.
Martínez también cuestionó la ejecución del estudio catastral, señalando presuntas inconsistencias en la medición de áreas construidas y terrenos, así como falta de visitas técnicas completas a los predios.
“Hay casos donde a viviendas les aumentaron hasta 300 metros cuadrados que no existen. Incluso, estructuras básicas en zonas rurales están siendo cobradas como construcciones formales”, denunció.
Reclamos y acciones legales
Ante la situación, comunidades, juntas de acción comunal y veedurías han adelantado marchas, jornadas de asesoría jurídica y reclamaciones ante entidades locales como la Personería. Algunos casos, según indicó Martínez, ya fueron elevados a instancias nacionales.
En sectores como el casco antiguo, aseguró que al menos 3.500 personas han presentado reclamaciones por inconsistencias en sus facturas.
Pese a la implementación de alivios temporales contemplados en acuerdos municipales para estratos 1, 2 y 3, la líder señaló que estos beneficios son insuficientes y no resuelven el problema de fondo.
Convocatoria a marcha
Frente a este panorama, las organizaciones sociales han convocado a una movilización pacífica para el próximo 9 de abril a las 9:00 de la mañana, con punto de encuentro en el sector conocido como “Papi Quiero Piña”.
La jornada, según los organizadores, hará parte de una protesta de alcance nacional en la que participarán municipios como Piedecuesta, Girón, Barrancabermeja y Sabana de Torres, entre otros.
“Invitamos a toda la comunidad a salir pacíficamente a defender sus derechos. Esto es un problema que podría generar desplazamiento económico si no se toman medidas”, concluyó Martínez.
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