Uno de los principales colegios de un municipio santandereano está en problemas. Se trata del Colegio Integrado Lucas Caballero, en Suaita, municipio ubicado en la provincia de Vélez, en Santander, cuya construcción quedó bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra tres personas que tuvieron responsabilidades de supervisión e interventoría durante la ejecución de las obras, cuyo valor supera los $15.000 millones de pesos.
Tres personas, en la mira de la Procuraduría
Los investigados son Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron funciones de supervisión, y Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio interventor.
La actuación disciplinaria se originó por posibles deficiencias en las labores de seguimiento al contrato suscrito en 2022.
La Procuraduría busca establecer si los responsables cumplieron con las obligaciones de control y vigilancia que tenían asignadas para garantizar que el proyecto avanzara de acuerdo con las condiciones establecidas.
¿No hubo permisos?
Uno de los principales aspectos que investiga el organismo de control está relacionado con los permisos necesarios para ejecutar la construcción.
Según la Procuraduría, al parecer la obra habría iniciado y sido ejecutada sin contar con la licencia de construcción, además de los permisos correspondientes para el aprovechamiento forestal y el movimiento de tierras.
El ente de control también analiza posibles incumplimientos en las obligaciones de supervisión e interventoría, con el propósito de determinar si hubo omisiones en el seguimiento que debía realizarse durante el desarrollo del proyecto.
Así fueron calificadas las posibles faltas
En esta etapa del proceso disciplinario, la Procuraduría calificó provisionalmente la posible conducta de los dos supervisores como falta grave a título de culpa grave.
En cuanto a Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio interventor, la conducta fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima.
El organismo de control señaló que las posibles omisiones investigadas pudieron afectar la adecuada ejecución de un proyecto destinado a garantizar mejores condiciones de infraestructura educativa para los niños, niñas y adolescentes de Suaita.
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